Austin, Tx.- El mexicano Ramiro Hernández-Llanas no será ejecutado hasta que las autoridades de Texas no detallen ante los abogados la procedencia de la droga letal que planeaban administrar.

Así lo estipuló hoy una jueza federal de Estados Unidos, quien aceptó la petición de los representantes legales de Hernández-Llanas y del preso estadounidense Tommy Lynn Sells, cuya ejecución estaba prevista para el jueves.

La muerte de Hernández, a su vez, estaba programada para el 9 de abril.

El sistema penitenciario de Texas se quedó oficialmente sin suministro de pentobarbital (tranquilizante con el que aplica la inyección letal) el martes 1 de abril, en gran parte debido a la negativa de las companías farmacéuticas a suministrar los medicamentos necesarios.

El estado no ha revelado hasta el momento la procedencia de las dosis necesarias para las próximas ejecuciones planificadas, bajo el argumento de que el proveedor debe mantenerse en secreto para protegerlo de las amenazas de violencia de opositores a la pena capital.

Ante dicha situación, los abogados de Lynn y Hernández solicitaron conjuntamente, frente a instancias federales, una congelación de la pena máxima hasta que se transparente el origen del producto letal.

“Como resultado, el sigilo del estado con respecto al producto a utilizar para la inyección letal ha impedido evaluar o cuestionar la constitucionalidad del método de ejecución”, escribió la jueza Vanessa Gilmore en los fundamentos de su sentencia.

“Esto podrÌa retrasar la ejecución de Hernández, ya que bloquear los casos de pena de muerte en el estado hasta que se solucione el tema de la droga”, explicó a REFORMA Gregory Kuykendall, director del Programa Mexicano de Asistencia Legal (MCLAP, por sus siglas en inglés).

La suerte de Hernández Llanas está pendiente de otro recurso interpuesto por la defensa, recordó Kuykendall.

“Los abogados han acudido a la Corte de Apelación Criminal de Texas porque dos testigos (que declararon durante el juicio) podrÌan haber cometido perjurio”, recordó.

La defensa, que trata de agotar todos los recursos, pide que la ejecución se postergue hasta que el tribunal que condenó a Hernández revise el caso y escuche los nuevos argumentos en una audiencia.

Hernández Llanas, de 44 años, fue condenado en 1997 a cuatro años de prisión por el asesinato del dueño del rancho de Kerrville, Texas, para el que trabajaba.
Durante su estancia en prisión y a la espera de ser juzgado, el mexicano acuchilló a una celadora causándole la muerte, según el Departamento de Justicia Criminal texano (TDCJ).

El lunes, la Suprema Corte de Justicia rechazó tramitar otra apelación interpuesta por los abogados del mexicano, quienes habÌan solicitado volver a considerar evidencia de su presunto retraso mental denunciando irregularidades en el informe psiquiátrico utilizado en el juicio.

“Es lo m·s injusto del caso. Hern·ndez tiene un claro retraso mental y en cualquier otro estado del paÌs incluso calificarÌa para recibir ayuda, pero en Texas no lo consideran así”, dijo el abogado.

Las leyes texanas utilizan criterios distintos para considerar el retraso mental como atenuante ante un juzgado y,durante el juicio, se rechazó el argumento a favor de Hernández.