Ciudad de México.- A 19 meses de que la Oficina del Inspector General de Estados Unidos encontrara a los culpables de encubrir el operativo Rápido y Furioso que costó la vida a cientos de mexicanos durante el sexenio panista de Felipe Calderón, siguen impunes tres figuras clave del plan que dejó pasar ilegalmente armas de alto poder a México.

“Mientras varios oficiales de ATF (la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos) optaron por retirarse o por dejar la dependencia después de Rápido y Furioso para no enfrentar medidas disciplinarias, entendemos que ATF sigue empleando a tres de sus actores clave”, denunciaron esta semana de manera conjunta el Comité de Supervisión y Reformas Gubernamentales de la Cámara de Representantes y el Comité Judicial del Senado estadunidense en un comunicado.

Se trata de los agentes Hope MacAllister y William Newell, y del supervisor David Voth, denunciaron el diputado republicano por California, Darrell Issa, y el senador republicano por Iowa, Chuck Grassley, quienes presiden respectivamente ambos comités.

“Los reiterados juicios erróneos de MacAllister, Voth y Newell pusieron gravemente en peligro la seguridad pública durante el (operativo) Rápido y Furioso, mientras que la incapacidad de dar una explicación de cuál fue la medida disciplinaria que se aplicó, si acaso la hubo, ha sido percibida como una afrenta a la familia de Brian Terry”, abunda el comunicado.

Ambos legisladores recordaron el pasado 28 de marzo en una carta dirigida a Byron Todd Jones, actual director de ATF, que el agente Brian Terry perdió la vida en cumplimiento de su deber, al ser alcanzado por el fuego de una de las armas que, de no haber sido por la operación encubierta Rápido y Furioso, nunca habrían debido entrar a territorio mexicano.

“Aunque la operación Rápido y Furioso ocurrió antes de que usted se convirtiera en director de ATF (la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos) la acción disciplinaria contra los agentes de ATF que designaron, dirigieron y manejaron la imprudente operación quedó enmarcada dentro de su gestión como jefe de la dependencia”, dice la misiva firmada por Issa, Grassley y por otros dos integrantes de la comisión.

El reconocido abogado texano Dick DeGuerin, dijo en entrevista con Excélsior que además del operativo Rápido y Furioso, que se gestó en el estado de Arizona, hubo en el sur de Estados Unidos otros operativos semejantes con nombres distintos que también facilitaron el ingreso ilegal de armas de alto poder que alimentaron ilegalmente la violencia en México.

DeGuerin informó también a este diario que él defendió a Carter’s Country, una reconocida tienda texana de armamento que fue indebidamente acusada de violar las normas de venta de armas de alto poder que debieron hacer cumplir los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (mejor conocida como ATF).

Y reiteró a la prensa texana y a Excélsior, que su cliente Carter’s Country obedeció las instrucciones de los agentes de ATF de que permitiera la venta de armas de alto poder a individuos cuyo perfil era el de traficantes, bajo la creencia que ayudaba a un operativo que iba a permitir detectar y capturar a importantes narcotraficantes mexicanos, pero eso no sucedió y además fue inculpada por la propia ATF de violar la ley.

Las armas que ATF dejó pasar a territorio mexicano aparecieron posteriormente en crímenes que cegaron la vida de Brian Terry y de Jaime Zapata, un agente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, así como a por lo menos 200 ciudadanos mexicanos, según algunas versiones.

Imputan en EU cargos a policía de Tijuana

El gobierno de Estados Unidos formuló ayer cargos por narcotráfico contra el policía municipal de Tijuana, Noé Raygoza García, quien es acusado de transportar siete kilos de heroína y tres de metanfetaminas en un vehículo ajeno, en marzo.

El policía activo de 33 años de edad enfrenta una sentencia mínima impositiva de diez años de prisión y como máximo podría enfrentar cadena perpetua, informó la procuraduría federal.

Raygoza García fue detenido inicialmente porque conducía más lento que el resto de los automovilistas en una carretera a bordo de un vehículo con matrículas del estado mexicano de Baja California.

Agentes de la patrulla fronteriza que lo detuvieron en las inmediaciones de Temecula, unos cien kilómetros al norte de Tijuana, testificaron que Raygoza despertó sospechas por conducir despacio y errático, por lo que al llegar a un puesto de inspección fue enviado a revisión pormenorizada, donde un perro avisó que en el vehículo había droga.

Mientras un grupo de agentes desmontaban partes del auto modelo Neon, otros pidieron a la frontera revisar el ingreso del policía con base en un registro electrónico al cruzar la frontera.

Encontraron que el auto había cruzado por la garita de Otay, unos 35 kilómetros al sureste de San Diego, pero al pasar a California lo manejaba otra persona, su propietario, Eduardo Guadalupe Sánchez Hernández.

Raygoza García entró también por Otay pero a pie y aproximadamente 45 minutos después de que cruzó Sánchez Hernández.

Los oficiales encontraron en la guantera del vehículo una herramienta que embonaba en tuercas especiales con las que estaba sujeto el asiento trasero.

Debajo había un compartimento en el que encontraron poco más de siete kilogramos de heroína y tres kilogramos de metanfetaminas.

El policía municipal Raygoza quedó detenido y este miércoles se le formularon cargos. Será presentado a una corte federal en el condado de Riverside el próximo 9 de abril.

Sánchez Hernández, por su parte, permanecía libre. La policía municipal en Tijuana se abstuvo de comentar sobre la detención.