Houston, Texas.- La ejecución del mexicano Ramiro Hernández Llanas en Texas quedó confirmada para mañana, después de que una Corte Federal de Apelaciones desestimó un recurso y que sus abogados renunciaran a llevar el caso al Tribunal Supremo.

Según el texto judicial, la Corte de Apelaciones con sede en Nueva Orleáns bloqueó la petición de Hernández Llanas de la misma forma que lo hizo la semana anterior con otro preso, Tommy Sells, que finalmente fue ejecutado el pasado jueves.

Las demandas de Sells y Hernández Llanas sostenían que la falta de información sobre los fármacos usados en la inyección letal no garantiza el derecho constitucional a ser ejecutado con el mínimo de dolor posible.

La respuesta negativa de la Corte de Apelaciones asegura que el recurso se basa en especulaciones que se sostienen simplemente en el hecho de que el sistema penitenciario de Texas ha cambiado de proveedor.

De esta manera también, los tres magistrados se oponen a que haya más transparencia sobre los proveedores de fármacos.

Ante la misma respuesta negativa de la Corte de Apelaciones, considerada una de las más conservadoras del país, la abogada Maurie Levin explicó que descartaron la súplica ante la Corte Suprema debido a que el contenido jurídico de la resolución es el mismo que el de la semana pasada.

Las múltiples órdenes judiciales y recursos a contrarreloj en los últimos días siguieron a la resolución de una jueza federal de Houston, que paralizó el 1 de abril las dos ejecuciones inminentes, la del afroamericano Sells y la del hispano Hernández Llanas.

La jueza Vanessa Gilmore retó a Texas, el estado con más ejecutados del país, a que publicara información sobre la procedencia de los fármacos usados en la inyección letal.

Texas recurrió el texto judicial y, tanto la Corte Federal Apelaciones del Circuito Quinto como el Tribunal Supremo de Estados Unidos, dieron la razón a los argumentos que fueron presentados por la Fiscalía General de ese estado.

La súplica ante el Supremo, que quedó denegada entonces, denunciaba “la práctica creciente de ocultar los métodos y las fuentes de los fármacos” para llevar a cabo el escrutinio.