Saltillo, Coah.- El Congreso del Estado estableció un plazo de cinco días para que la administración municipal de Saltillo entregue la información correspondiente a la operación de las Farmacias Sí Confío que ha abierto desde el inicio de su gestión Isidro López Villarreal.

El punto de acuerdo presentado por la legisladora priista Azucena Ramos Ramos generó una polémica en el recinto, cuya discusión tardó más de media hora.

La información que se requiere es en torno al aviso de alta de funcionamiento de establecimientos de insumos para la salud de cada farmacia; aviso de designación de responsable sanitario de insumos para la salud para cada establecimiento, con título y cédula profesional de farmacéutico, farmacobiólogo o químico.

También solicitó registro de patente de industria, alta en la Secretaría de Hacienda, el alta en el régimen de pequeños contribuyentes, al tratarse de ventas al público en general. Otro de los aspectos que demandan es que se establezcan los criterios que justifiquen la adjudicación directa.

“Claramente se tomaron decisiones violatorias de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, que establece que cuando el costo de un proyecto supere la cantidad de un millón 138 mil pesos debe sujetarse a la modalidad de licitación pública”, manifiesta la legisladora.

Sostiene que la operación de las farmacias se hace de dos formas: una a través de la Fundación MPT (Medicamentos Para Todos), operada por el panista Ernesto Saro Boardman, “con quien se firmó un convenio el pasado 4 de febrero que obliga al Municipio a proporcionar el espacio físico para instalar la farmacia, el personal para atenderla y la custodia del medicamento”.

La segunda manera es abrir las negociaciones de forma escalonada y evitando las licitaciones para que en su lugar predomine la adjudicación directa para la compra del medicamento.

El panista Fernando Simón Gutiérrez señaló que el Municipio sólo aporta el lugar donde se establece la farmacia y el personal que las atiende, con un esquema parecido al de Ramos Arizpe y Allende, pero además sugirió que el Estado adopte el modelo luego que el programa Farmacias de la Gente “fue un desastre”.

La diputada Norma Alicia Delgado, de Unidad Democrática Coahuilense, señaló que la propuesta de la priista atentaba contra las necesidades de los más pobres, que son las que acuden a estos lugares.

La priista expresó que se trata de un tema de transparencia no de ataque hacia el programa social, porque en él se advierten inconsistencias y preocupa que sea una ocurrencia.

“El Alcalde no está cumpliendo con la normatividad y es un truco, simulación, y abre farmacias una por una para no tener que licitar”, expresó, y recordó que Isidro López ya reconoció que se equivocó con el caso De La Rosa Gaona y la historia se repite en el caso de las farmacias.

Simón Hiram Vargas, de Nueva Alianza, propuso que la Auditoría Superior del Estado participe en la revisión del caso para garantizar el buen manejo de los recursos, y se integró a la propuesta que finalmente se aprobó para establecer el plazo de cinco días.

Castigo para asaltantes con armas de juguete

El diputado del Partido Verde Ecologista, José Refugio Sandoval Rodríguez, propuso reformas al Código Penal para establecer sanciones a quien utilice artículos similares a las armas de fuego para cometer un ilícito.

La propuesta consiste en modificar el numeral 10 del Artículo 100, a fin de que se se imponga una pena a quien utilice una artefacto con la figura o simule ser una arma de fuego.

La aplicación de la pena será cuando se trate de “asalto simple, tumultuario o agravado, ya sea consumado o en grado de tentativa… u ocasionado lesiones de las clasificadas como leves o de mayor gravedad en este código”, establece la propuesta.

Puntualiza que el uso de este tipo de artículos, aunque sean de juguete, ponen en peligro a la víctima y la pone en desventaja, de la misma forma que si fuera un arma de verdad.

“Con esta reforma se busca que aquellas personas que piensan que por utilizar un arma de juguete para cometer un delito no trae consecuencias jurídicas graves para ellos, se den cuenta de que esto no los excluye de responsabilidad.

“Al contrario, el delito subsiste y como tal debe ser castigado debido a que el bien jurídico tutelado de la seguridad de las personas se vulnera de igual forma”, subraya el legislador por el Partido Verde Ecologista de México.

Blindarán el patrimonio familiar

El diputado Samuel Acevedo presentó un punto de acuerdo que fue aprobado de forma unánime, a fin de promover el registro del patrimonio familiar para evitar embargos a los coahuilenses a causa de deudas contraídas de diversas formas.

El documento precisa que se debe realizar una campaña permanente para orientar a las familias en el registro de su patrimonio ante un juez o notario, a fin de que éste no se pierda ante procesos legales por parte de empresas prestadoras de servicios o instituciones bancarias, pero principalmente por agiotistas.

El punto de acuerdo fue respaldado por la totalidad de los legisladores, para que los bienes de la familia constituidos como patrimonio no sean embargados.

“Es un exhorto al secretario de Gobierno a que haga una campaña de un Mes sobre Patrimonio Familiar que puede ser declarado ante el juez o notario, y así resulta inembargable”, expresó.

El legislador sostuvo que es necesario que la población conozca de este derecho que debe ser respetado por los abogados marrulleros que despojan a las familias de sus bienes.

“Podemos decir que son objeto del patrimonio de la familia: la casa en que la se habita, sus muebles siempre y cuando el valor no exceda de multiplicar por 42 mil 500 el importe del salario mínimo general diario vigente en el lugar donde se encuentren los bienes en que se constituya el mismo”, señaló el diputado por el PSD.

Concubinos tendrán más derechos

Modificaciones al Código Civil se proyectan a fin de reconocer los derechos de las parejas que estén unidas sin mediar un matrimonio. Los derechos que se contemplan son adopción, herencia, alimentarios y de pensión.

Uno de los aspectos trascendentales en la iniciativa propuesta por Edmundo Gómez Garza es que la pareja del concubino puede adoptar a los hijos procreados en su anterior relación, incluso cuando éstos hayan sido adoptados con anterioridad.

La reforma propuesta se haría en el caso de los artículos del Código Civil para que queden establecidos los derechos de los concubinos, como son reconocidos para el caso de un matrimonio.

Se busca reconocer el concubinato de la misma forma que lo hacen otros estados al darle la calificación como institución.

“Y si bien se aprecian diferencias y hasta deficiencias y limitaciones en la forma en que se regula en cada estado, lo cierto es que la Corte ha tratado de homologar criterios con base en las tesis y jurisprudencias que ha emitido al respecto”, precisa.