Texas.- El estado de Texas tiene previsto ejecutar hoy al mexicano Ramiro Hernández Llanas, que ha pasado casi 15 de sus 44 años en el corredor de la muerte, un caso que ha sido objeto de un largo e infructuoso litigio judicial con vistas a su revisión.

La defensa de Hernández Llanas ha apelado, sin éxito, a su discapacidad intelectual, al incumplimiento parcial de sus derechos como ciudadano extranjero y, en las últimas semanas, al cambio de proveedor de los fármacos para la inyección letal en Texas.

La justicia declaró culpable a Hernández Llanas en febrero de 2000 por la muerte, tres años antes, de un hombre para el que trabajaba y la violación repetida de la esposa de éste, según figura en la ficha del Departamento de Justicia Criminal de Texas.

Por ello, este mexicano nacido en Nuevo Laredo fue sentenciado a la pena de muerte por homicidio, violación y robo con allanamiento. Su ejecución está prevista para las 18.00 horas locales (23.00 GMT) en Huntsville (Texas).

Según los abogados del condenado, que actualmente son Naomi Terr y Sheri Johnson, Hernández Llanas sufre una discapacidad mental, pero durante su proceso judicial se descartó ese aspecto.

Las abogadas afirman que existe “evidencia abundante” de su discapacidad, detectada en la interacción con Llanas y en los resultados de varios exámenes de cociente intelectual.

También está el testimonio de una de las hermanas del condenado, Adelita Hernández Llanas, que asegura que la familia siempre detectó que Ramiro era más lento en el aprendizaje, dejó muy pronto los estudios y le repetían “tres o cuatro veces las cosas para que las entendiera”.

En 2002 el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibió la ejecución de reos con discapacidad mental, pero el concepto es vago y cada estado determina a su manera si el preso cumple o no con los requisitos para ser considerado discapacitado.

En cuanto al respeto a sus derechos consulares, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya concluyó en su día que Estados Unidos sí cumplió con la necesidad de notificar al Consulado mexicano la detención de Hernández Llanas, pero no la obligación de informarle a tiempo sobre sus derechos de asistencia consular.

Es por eso que el nombre de Ramiro Hernández Llanas aparece en el llamado “Fallo Avena”, como se conoce la decisión de la CIJ de ordenar en 2004 a Estados Unidos la revisión de los casos de mexicanos condenados a muerte a quienes se violó el derecho a la notificación consular.

La corte internacional pidió, enmarcado en el Fallo Avena, que Estados Unidos revisara y reconsiderara tanto el veredicto como la sentencia del ciudadano mexicano, según recoge la información sobre el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Después de eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó suspender la ejecución hasta que se revise el caso.

Desde noviembre de 2000, la Cancillería mexicana dio apoyo en el caso, a través del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos.

El tercer argumento que las abogadas de Hernández Llanas esgrimieron para paralizar la ejecución tiene que ver con el cambio en Texas del suministrador de pentobarbital -el fármaco sedante usado en la inyección letal- y la falta de información de quién es este proveedor y cómo es el producto.

En un último intento por salvar a Hernández Llanas de la muerte, se sostenía que la falta de transparencia sobre los fármacos usados en la inyección letal no garantiza el derecho constitucional a ser ejecutado con el mínimo de dolor posible.

Una jueza federal dio la semana pasada la razón a Hernández Llanas, pero una corte de apelaciones -la siguiente instancia judicial- anuló la orden que paralizaba temporalmente la ejecución.

Según los magistrados, el recurso se basa en especulaciones y es complicado cuantificar el dolor de los ejecutados.

Desde 2010, algunos proveedores, especialmente europeos, han dejado de servir por razones éticas los fármacos con los que la mayoría de estados de EE.UU. preparaba una fórmula basada en tres componentes para las ejecuciones y han forzado a que se busquen nuevas fuentes del producto.

Las abogadas también han alegado que el jurado que le condenó no tuvo en cuenta “las condiciones extraordinariamente duras en las que creció” en el norte de México.

“Creció en una pobreza inimaginable para la mayoría de las personas que se sentaban en su jurado”, justifican las letradas.

Se refieren a una choza hecha de cartón y chatarra, sin electricidad ni agua corriente.

“Comió de la basura, trabajó desde los cuatro años, fue expuesto a productos químicos tóxicos”, prosiguen en sus escritos. “Sus padres lo golpearon sin piedad. Nadie le ayudó a aprender”.

Ramiro tiene ocho hermanos y seis de ellos lo visitaron en los últimos días antes de la ejecución. Algunos viven en Estados Unidos y otros en México.

“Estos días hemos estado conviviendo juntos, llorando, riendo, compartiendo lo que él nos ha transmitido”, dijo a Efe una de las hermanas, Adelita.

“Su deseo es volver a su casa, de donde salió, volver a Nuevo Laredo. Esperamos que se haga realidad su sueño y descanse al lado de mi padre, que lo está esperando”, explicó.