Michoacán.- El presidente municipal de Apatzingán, Uriel Chávez (PRI), detenido y acusado por la Procuraduría General de Justicia de Michoacán de presuntos vínculos con el crimen organizado y de extorsionar a varios regidores, no solo despojaba a los miembros del cabildo de 40 por ciento de su sueldo (ganan 52 mil pesos mensuales) para financiar actividades de Los caballeros templarios (MILENIO Diario, 17 de abril), sino que, a través de un contrato ilegal con una empresa de gestoría, pretendió desviar 30 por ciento de recursos federales que recibe el municipio para hacer llegar ese dinero al grupo criminal.

MILENIO tiene copia del acta correspondiente a la sesión extraordinaria de cabildo llevada a cabo el 2 de abril de 2013, a las 13:30 horas, en la cual el único punto era el “análisis, discusión y, en su caso, autorización” al presidente municipal, a la síndico Julia Lila Ceja Canela y al secretario Eloy Velázquez López para que firmaran un convenio con la Empresa Gestoría y Administración SA de CV.

En dicha sesión tomó la palabra Uriel Chávez Mendoza para expresar lo siguiente (se respeta la redacción original): “Es necesaria la firma de este convenio para la contratación de servicios en lo referente a Consultoría, Asesoría, Gestión de Trámites para la elaboración y aprobación de Carpetas Ejecutivas de Proyecto de Infraestructura Social para el Municipio, a quien se le pagará por sus servicios 30 por ciento de lo que se aprueba en cada ministración que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nuestro municipio por dichos proyectos”.

Es decir, el municipio entregaría a la empresa Gestoría y Administración SA de CV tres de cada 10 pesos de todas las partidas hacendarias que llegaran al ayuntamiento, a pesar de que esos recursos vienen etiquetados para usos específicos y que no pueden ser utilizados con otros fines.

En seguida, de acuerdo con el acta de la sesión, Uriel Chávez dijo: “Solicito a los presentes hacer uso de la palabra si existe algo que manifestar al respecto. No existiendo participaciones, se solicita al cabildo levantar su mano para su aprobación. Manifestando el cabildo su aprobación por unanimidad”. A las 13:50, 20 minutos después de iniciada, se levantó la sesión. Firma, en primer lugar, el presidente municipal, luego la síndico, enseguida el secretario y posteriormente aparecen rúbricas de los 12 regidores.

El problema es que, independientemente de la ilegalidad que representa desviar recursos federales etiquetados, esa sesión de cabildo… nunca se llevó a cabo.

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El regidor de Industria y Comercio, José Martín Gómez Ramírez (PAN), narra lo ocurrido…

—Un día el presidente nos citó en el restaurante Villamar y ya tenía ahí un acta. Lo que el acta explica es que, de todo recurso que baja de la Secretaría de Hacienda, 30 por ciento va a esta empresa que no conocemos. La sesión nunca se dio, pero el acta estaba elaborada con la firma del presidente. Y ahí se nos dice: ‘Hay que firmar esta acta’. Los regidores explican: ‘No tenemos la facultad de entregar a un asesor dinero que viene etiquetado para obras’. Eran recursos por 350 millones de pesos que se estaban tramitando con Hacienda para proyectos por el bicentenario de la Constitución de Apatzingán. Más de 100 millones de pesos para esas personas.

“Le pregunto a alguien ahí: ‘Estos señores (los de Empresa Gestoría y Administración SA de CV), ¿son caballeros templarios?’ Y me dicen ‘Sí’. En cuanto me dicen ‘sí’, yo firmo. Y los demás regidores empiezan a firmar. El regidor Ramón Santoyo (Gallegos, del PRI, presente en la entrevista, asiente) dijo: ‘Yo no firmo’. Uno de esos tipos saca un celular, empieza a marcar y el regidor agarra el lapicero y firma. Algunos regidores no llegaron a la reunión. Al otro día fueron a sus casas y los hicieron firmar.”

Los recursos, aparentemente, no han sido desviados, ya que Hacienda todavía no los envía al municipio, según creen los regidores, pero no lo saben con certeza. De ser así, temen que el secretario y la síndico los desvíen a esa empresa con presunta filiación templaria o que ésta triangule el dinero a miembros de ese grupo criminal, ya que el ordenamiento de aquella sesión de cabildo sigue “vivo”. Los regidores ya han interpuesto una denuncia ante la procuraduría.

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MILENIO también tiene copia de parte de una auditoría practicada a la cuenta municipal en febrero de 2013. Según el documento de la Auditoría Superior de Michoacán, en una sola partida presupuestal (“Exposiciones y Ferias”), casi 3 millones de pesos gastados no tienen sustento. Se lee en el documento:

“Se constató que se realizaron pagos por 2 millones 988 mil pesos, registrados a la partida presupuestal 4203-3805-0000-0000, Exposiciones y Ferias, de los cuales no se encontró evidencia documental que compruebe, justifique la aplicación de los recursos y que cumplan con los requisitos (…) del Código Fiscal de la Federación.”

Enseguida se detallan 39 pagos con cheques por distintos montos realizados en septiembre y noviembre de 2012. El documento está firmado por el auditor superior de Michoacán, José Luis López Salgado, y tres funcionarios de la Auditoría Superior. Sobre este asunto los regidores afirman que también presentaron una denuncia por desvío de recursos. Por peculado.

Además, afirman que ambas irregularidades, y otras más, las denunciaron ante el gobernador, diputados federales y senadores.Concluye el regidor Gómez Ramírez, quien fue elegido por los demás para que hablara a nombre de todos:

—Pareciera que no les interesa. Nosotros estamos brincando, saltando y poniendo la vida. No es posible que no tengan ganas de saber qué pasó.