Milenio | México, DF.- De fácil acceso para manos dentro del crimen organizado y cada vez más presentes en las corporaciones policiacas, las granadas de fragmentación hoy abundan en México.

Diseñadas para lisiar, desmoralizar y matar, el aumento del uso y diseminación de granadas fragmentarias, de mano o antipersonales amenaza con salirse de control. Desde hace tiempo ya no solo están en manos de militares: por miles, las poseen tanto el crimen organizado como un creciente número de policías locales que han decidido dotarse de una herramienta destructiva más afín a la guerra que a tareas de seguridad.

Una investigación basada en archivos del Gobierno federal, obtenidos vía transparencia, permite dimensionar parte de la “granadización” que vive México, donde ya hay una granada —legal o ilegal— por cada 150 habitantes.

Es una penetración que tiene su origen en el sexenio anterior, cuando organizaciones criminales comenzaron a usarlas, alentando a que el Gobierno respondiera con su propia producción.

Desde 2006, según detallan datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la industria militar mexicana ha producido 712 mil granadas ofensivas, una cifra histórica (en 2013, con datos actualizados hasta junio, llevaba 43 mil ensambladas).

Las granadas de fragmentación, aunque difíciles de controlar, parece que todos las quieren: concebidas como un arma netamente militar, desde 2009 dejaron de ser de uso exclusivo del Ejército y la Marina.

En medio de la ola de violencia vinculada al narcotráfico, el Consejo Nacional de Seguridad Pública determinó que había llegado el momento de equipar a las policías estatales con este tipo de armas, eliminando las restricciones para su portación por las mismas agencias que, a la postre, resultaron tener intensos vínculos con el crimen organizado.

Desde entonces, 10 mil granadas de fragmentación han sido vendidas a 12 secretarías de seguridad pública estatales. Y si bien el Gobierno de Calderón alentó esa transferencia de armas militares a las policías civiles, la tónica ha continuado en la actual administración, durante la cual 3 mil 664 granadas han sido adquiridas por corporaciones policiacas.

Bajo la actual administración federal, Baja California compró mil 500 y Zacatecas mil. Hasta Querétaro, uno de los estados con menores índices de violencia, adquirió 300.

Impacto inmediato

El detonante de lo que ha ocurrido en el ámbito policiaco y militar viene de la popularidad que las granadas han adquirido entre la delincuencia, en especial porque generan varias bajas: en Michoacán, por ejemplo, un convoy de la Policía Federal fue destruido en 2010 a “granadazos”. Catorce agentes murieron.

Ya hay varias rutas internacionales dedicadas a su contrabando, por lo que explosivos producidos en Corea del Sur, China, Guatemala, El Salvador y por tiendas estadounidenses, han sido hallados en escenas del crimen por todo México.

Casi 28 mil de estas bombas antipersonales han sido decomisadas en operativos contra el crimen organizado en los últimos ocho años, según se desprende de una base de datos elaborada por este diario con cifras oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la PGR y la Marina.

Pero además, decenas más aparecen abandonadas en edificios, parques, cunetas y calles, tiradas como piedras letales. Un caso reciente ilustra otro aspecto de su proliferación: en octubre, un niño de 6 años encontró una en el parque Cerro Azul de Chihuahua. La llevó a casa porque pensó que era un micrófono.

Y así, tanto como se les haya, se les emplea. De un sexenio para acá, el uso de esta arma, tan barata como mortífera y tan fácil de obtener que sorprende, es recurrente, como ejemplo está el bombazo en el zócalo de Morelia, con un centenar de lesionados que aún ahora sufren por sus heridas.

Qué tanto se han salido de control estas armas se refleja en el número de ataques con granada de fragmentación contra fuerzas militares y federales. Ya asciende a casi 150 en seis años.

Una ‘costumbre’

Medio centenar de policías y militares han perdido la vida como resultado, en particular en Tamaulipas, el estado en donde explosivos antipersonales son utilizados con mayor frecuencia por grupos delincuenciales, una predilección en la que evidencian sus orígenes militares. Desde 2006, el Ejército ha sido atacado 42 veces con este tipo de bomba en esa entidad.

No existen estadísticas de cuántos policías locales han muerto por uso de granadas, pero a manera de ejemplo basta señalar que de 2011 a 2012, se registraron 56 incidentes con esos explosivos por todo el país.

De uso coloquial

Como en las estadísticas, la violencia de la expansión de las granadas de fragmentación en el país se refleja también en el lenguaje. En México, la palabra “granadazo” entró al léxico popular con la fuerza destructiva de un explosivo.

Es un mexicanismo que, según Google, antes de 2008 no existía. Desde entonces no deja de aparecer en sus buscadores, en especial en Tamaulipas, Jalisco y Nuevo León, las tres entidades en donde más búsquedas se hacen sobre el terminajo.

¿Qué tan diseminadas están las granadas de fragmentación? Autoridades federales han decomisado desde 2006 un total de 27 mil 700 por todo el país. Es el equivalente a ocho granadas cada día durante ocho años consecutivos.

Por cada explosivo que es desactivado o detonado por los escuadrones antibombas, queda la incógnita de las miles que permanecen en manos criminales. No hay forma de calcular cuántas granadas más siguen ahí, afuera, a la espera de detonar en un accidente, ataque o enfrentamiento.

ch