Dallas.- Una corte federal estadounidense analizará esta semana en Brownsville, Texas, si ordena la suspensión temporal de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración, mientras analiza una demanda de 25 estados contra la medida.

El juez Andrew S. Hanen, de la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas, programó para el próximo jueves la audiencia sobre los programas derivados de la acción ejecutiva que Obama anunció el pasado 20 de noviembre.

Una coalición de 25 estados, encabezada por Texas, interpuso el pasado 3 de diciembre una demanda contra la acción ejecutiva, que suspende la deportación de más de cuatro millones de indocumentados y los autoriza a obtener permisos de trabajo por tres años.

La demanda pide que una “orden judicial preliminar” bloquee los programas derivados de la acción ejecutiva mientras la corte analiza la querella, según argumentó el procurador general de Texas, Greg Abbott, quien asumirá el gobierno del estado el próximo 20 de enero.

Según Abbott, sería “difícil o imposible de deshacer la ilegalidad del presidente después que los demandados (funcionarios y dependencias federales de inmigración) comiencen a conceder las solicitudes de acción diferida”.

La corte ha recibido en las últimas semanas recursos de “Amici Curiae” (Amigos de la Corte) de organizaciones y personas que argumentan a favor y en contra de la demanda.

Una de estas mociones fue interpuesta por el American Center for Law and Justice, grupo conservador de abogados que defiende libertades constitucionales y religiosas, a nombre de 27 miembros del Congreso, liderados por el senador republicano Ted Cruz.

La moción sostiene que la acción ejecutiva “cambia la ley y establece una nueva política, excede su autoridad constitucional y perturba el delicado equilibrio de poderes”, y acusa a Obama de “extralimitación constitucional”.

Entre las mociones a favor de la acción ejecutiva destaca una interpuesta por el Consejo Americano de Inmigración, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.

La acción ejecutiva del presidente en materia de inmigración “es constitucional porque la Constitución y el Congreso han conferido la amplia discrecionalidad del Poder Ejecutivo sobre la aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos”, sostiene la moción.

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