Saltillo, Coah.- Tras ocho años de trabajo como juez calificador, el 23 de septiembre del año pasado se le informó a Francisco Ildefonso Otáñez Ibarra que ya no era empleado municipal, al ser cesado por pérdida de confianza.

Esto derivó en un proceso ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde afloró una serie de inconsistencias, las cuales terminaron en una denuncia penal ante el Ministerio Público contra funcionarios municipales.

Otáñez Ibarra interpuso una denuncia contra el director de Servicios Administrativos, José Mireles Aguirre, así como en contra el alcalde Isidro López Villarreal y dos funcionarios más a quienes se les señala como falsos testigos; a todos ellos se les investiga como probables actores de los delitos de simulación de actos jurídicos y escritos administrativos, falsedad en declaraciones, promoción e intervención con falsedad en juicio, más lo que se acumule.

“No es posible que las autoridades cometan delitos sólo para evitar un finiquito. No se me realizó ningún proceso que determinara la pérdida de confianza, ni siquiera se tomaron la molestia de avisarme que había sido cesado”, expuso.

Para respaldar su dicho, mostró dos formatos de salida de personas que permanecían en los separos municipales firmados por él, justamente a la hora en la que se asegura estaba en la Alcaldía compareciendo ante Armando Mireles.

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