Saltillo, Coah.- El número de niños que trabajan en las calles de los principales centros urbanos de Coahuila va en aumento, con el riesgo de que sus padres pierdan la patria potestad, pues en muchos casos son quienes los envían a conseguir dinero, en lugar de que se ocupen de la escuela o de actividades propias de su edad, aseguró Yezka Garza Ramírez, titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

En seis meses la Procuraduría detectó y aseguró a 10 menores que fueron obligados por sus padres a pedir dinero o vender dulces afuera de cines, centros comerciales, tiendas de autoservicio y cantinas. En todos los casos se comprobó que la madre o el padre estaban cerca del lugar donde trabajaban los niños.

Señaló que los menores que mendigan o trabajan en la vía pública no ejercen derechos elementales, como el de acudir a la escuela, jugar y tener vida en familia.

Sin embargo, precisó que detectar a los menores en las calles, luego de que son enviados por sus padres, no es una tarea sencilla para las autoridades.

“La Policía Municipal es la que detecta más, porque operativamente a nivel estatal es la que más campo (de acción) tiene y cuando detecta estos casos los pone a disposición de nosotros, también cuando detecta a un niño en la calle o cuando hay una controversia familiar donde hay menores involucrados”, indicó. En estos casos también interviene la Policía especializada en menores que funciona en Saltillo y Torreón.

“En los últimos seis meses hemos tenido a 10 niños que nos los han puesto a disposición luego de que fueron detectados pidiendo en la vía pública. Cuando esto ocurre las mamás se esconden, pues obligan a sus hijos a pedir dinero o vender dulces afuera de los cines, de los centros comerciales, de las tiendas departamentales”, indicó.

Cuando esto ocurre, la Procuraduría inicia un procedimiento para “institucionalizar” a los menores, lo cual significa que son asegurados por las autoridades, reciben atención médica y sicológica y se busca reintegrarlos a sus familias con el compromiso de los padres de que se encargarán de su atención.

Sin embargo, en casos de reincidencia, la Procuraduría inicia de inmediato el proceso para retirar la patria potestad.

“Resguardamos de inmediato al niño, buscamos una red de apoyo con la propuesta de los padres del menor, los evaluamos sicológicamente y a través de las evaluaciones en campo se revisa la situación de estas familias de apoyo antes de reintegrar a los niños”.