Saltillo, Coah.- Miles de casas abandonadas en el estado y de las que nadie se hace responsable sirven como techo para familias de bajos recursos, que se han apropiado de ellas buscando un techo donde vivir, lo que ha generado un conflicto legal por la posesión de las viviendas.

Más de 300 familias en Saltillo viven con la zozobra de perder su hogar ante un desalojo, saben que las casas en donde actualmente habitan no les pertenecen; sin embargo, la carencia de un trabajo estable y de recursos económicos para adquirir una los llevó a posesionarse de las habitaciones abandonadas y vandalizadas.

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Virginia Martínez es ama de casa y cuida a sus siete hijos, el menor de sólo 2 meses; el sostén de la casa es el marido de oficio lavacoches, quien al no contar con un trabajo estable deja de lado el trámite para adquirir una casa de Infonavit y ha llevado a su familia a posesionarse de una casa en la colonia Parajes de Santa Elena.

Desde hace dos años fijaron su domicilio en la calle Santa Marina: la vivienda que consta de dos cuartos, baño, sala y cocina y que no cuenta con luz, agua y tinaco, les dio la bienvenida; ahora sabe que tiene un hogar fijo para su familia.

Virginia reconoce que su casa no es legal y que en un abrir y cerrar de ojos puede ser arrebatada por las instancias o el propio dueño, pero asegura que mientras llega el momento, ella convive con los vecinos de la colonia, y sus hijos acuden a la primaria a dos cuadras de la vivienda.

Antes de mudarse a la colonia, Virginia platicó que vivía en la casa de su madre, quien al sufrir un accidente tuvo que venderla, quedándose sin hogar, por lo que buscó una casa donde vivir.

“Para mí es una gran ayuda, mi esposo es lavacoches, tenemos siete hijos, el mayor de 16 años y el menor de 2 meses y solamente trabaja él. Con esfuerzo y sacrificio, pues dejamos de comprar pañales y leche para el bebé, hemos hecho algunas mejoras.

“La casa no tenía puertas, chapas, vidrios, con el tiempo le metí el cableado y pusimos gas natural, no tengo agua, una vecina me la pasa, porque como no tengo un papel oficial no puedo hacer el contrato”.

Sólo en la colonia Parajes de Santa Elena existen 30 familias que se han posesionado de las casas, pero también existe gente que habita ilegalmente en viviendas en Las Torres, Lomas del Refugio, Saltillo 2000, Teresitas y Ampliación Morelos, entre otras.

Dalia, quien prefiere reservarse sus apellidos y la dirección de su casa, asegura que desde que su esposo fue recluido en el Centro de Readaptación Social, la familia de él la busca para hostigarla. No sabe cómo de un momento a otro su vida dio un vuelco de 180 grados: de ser una familia estable y con casa, ahora se encuentra sola al cuidado de sus hijas en una casa posesionada.

“Yo estoy aquí porque mi necesidad es mucha, estoy sola con mis cuatro hijas, el papá de ellas no me apoya, está en la cárcel, yo quiero un patrimonio para mis hijas”.

Relató que hace años su vida era normal; laboraba en una tortillería y pagaban renta en la colonia Bellavista. En un pestañear se vino todo abajo, se quedó sin trabajo y sin esposo, no pudo continuar pagando ella sola la renta, los gastos y las necesidades de sus chamacas.

“Conseguí una casa y me posesioné. Ya tengo tres años aquí, cuando las casas están solas y vandalizadas nadie las quiere, pero cuando ven a uno que le empieza a meter hasta los mismos vecinos comienzan a pelearla, que es de un familiar, de un amigo. Nos arriesgamos a mucho, pero es más la necesidad”.

Dalia no cuenta con trabajo fijo, se mantiene de vender repostería, pan y tamales. A pesar de estar viviendo en una casa de manera ilegal, no baja la mirada, pues sabe que la necesidad la puso ahí y tiene la oportunidad de darles techo a sus hijas.

“Le pedimos al Gobernador que nos apoye, porque de que estén solas y que los vándalos se las acaben y las usen para sus fechorías, pues mejor que sean un hogar para nuestros hijos. Estamos en toda la disposición de pagar, sólo queremos que nos den la oportunidad”.

PROBLEMA SOCIAL

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores maneja un portafolio de 227 mil cuentas, de las cuales en cartera vencida se encuentran 13 mil, que siguen un proceso de cobranza social y especializada; sin embargo, el Infonavit no se percata a tiempo de las casas abandonadas y posesionadas.

El carecer de un archivo permite que los ciudadanos que no cuentan con el beneficio de una casa puedan apoderarse de las que se encuentran en mal estado y grafiteadas. El delegado del Infonavit, Rodolfo Aguirre Flores, reconoció que en el estado se da el problema de las casas invadidas en gran porcentaje y lo calificó como un tema de interés social, el cual no debe fomentarse.

“Hay trabajadores que están pagando su casa con el fruto de su trabajo. Invito a los posesionarios a que se adhieran al programa Crezcamos Juntos o adquirir un trabajo bajo el régimen legal, en el estado hay trabajo.

“Mientras ellos no se metan al régimen laboral su situación está en riesgo, porque el proceso que sigue es recuperar las viviendas, estén o no invadidas, se meten a un paquete de subastas y las comprará un desarrollador que las habilitará y las pondrá en venta nuevamente”.

Según el delegado del Infonavit, el precio de las casas abandonadas y vandalizadas oscila entre 100 mil y 150 mil pesos, precio que las vuelve más accesibles para los trabajadores, por lo que los exhortó a pertenecer a un trabajo formal a fin de poder acceder a las casas.

“Mientras no tengan un trabajo formal, Infonavit no puede beneficiar a nadie. Su nombre lo dice: es un fondo para trabajadores”, sentenció el delegado.

300 FAMILIAS

Jesús Rosales Martínez, miembro del Partido Joven, aseguró que cuentan con una lista de 300 familias que están al borde del desalojo, situación que los preocupa al encontrarse personas de la tercera edad y madres embarazadas.

“La gente que se posesionó lo hizo ante la imperante necesidad, pero están en la posibilidad de pagar mensualmente una cantidad, de acuerdo con sus posibilidades, y así construir su propio patrimonio”, apuntó Rosales Martínez, quien explicó que recientemente les llegó un oficio federal que les avisa el desalojo, de ahí la imperante necesidad de regularizar la situación.

Las personas afectadas no cuentan con el beneficio del Infonavit y buscan apoderarse de una vivienda abandonada para dar hogar a sus familiares, expuso Jesús Rosales.

“Son personas que no tienen nada, existen personas que llevan hasta siete años viviendo en las casas y desean regularizar, la gente quiere pagar, contar con un contrato legal”.

ch