Saltillo, Coah.- Con la nueva Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus Municipios, los ciudadanos que resulten afectados en su persona y bienes por fallas en las ejecuciones de obra y prestación de servicios podrán reclamar una indemnización.

Además, se creará el Código de Justicia Administrativa de Coahuila para hacer posible el funcionamiento del Tribunal Contencioso Administrativo, en la solución de conflictos entre gobiernos y particulares.

De igual manera, con reformas a la Ley Orgánica del Gobierno del Estado se realizará una reingeniería operativa de instancias estatales, con lo cual desaparece la Jefatura de Oficina del Ejecutivo y la Secretaría de Turismo, cuyo presupuesto y programa de trabajo será asumido por la Secretaría de Fomento Económico y Competitividad.

Iván Garza García, secretario técnico del Ejecutivo, entregó al Congreso del Estado el paquete de tres iniciativas que son de beneficio para el ciudadano y que permitirán mejorar el trabajo del mismo Gobierno estatal.

“Se presenta la iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Coahuila y sus Municipios, cuyo objeto es determinar las bases y procedimientos para reconocer el derecho de indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en su persona, bienes o derechos como consecuencia de alguna actividad administrativa irregular por parte del Estado o municipios.

“El reconocimiento de la responsabilidad del Estado frente a los particulares ha sido considerado un gran avance en el plano de las garantías del ciudadano”, refirió.

Así, las afectaciones que puedan sufrir los particulares deben ser prevenidas, reparadas y en su caso resarcidas, por lo que el Ejecutivo estatal pretende garantizar la integridad patrimonial de los particulares, por los daños causados como consecuencia de los entes públicos”.

También, entregó al diputado José María Fraustro Siller la iniciativa que creará el Código de Justicia Administrativa, mediante el cual se establecerá la normatividad y las instituciones necesarias para encauzar la actuación de la autoridad por el cauce legal, con un desempeño responsable, transparente y eficaz. Esto, con la supervisión de un tribunal independiente e imparcial.

De esta manera, se contará con un documento que reúna las disposiciones aplicables en el ámbito administrativo y jurisdiccional, a través del procedimiento ante autoridades administrativas y el proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial.

“Este Tribunal fue previsto en la Constitución del Estado, sin embargo, en más de 25 años no fue expedida una ley que regulara su funcionamiento”.

La tercera iniciativa implica una reforma a la  Ley Orgánica del Gobierno del Estado para eficientar el trabajo de la administración, lo que también representará ahorro presupuestal, aún no precisado.

Desaparecerá la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo, cuyas funciones de coordinación de acciones y programas de gobierno serán trasladadas a la Secretaría Técnica y de Planeación.

Se transfiere a la Secretaría las unidades de Derechos Humanos, Administrativa, de Representación del Gobierno del Estado en el Distrito Federal y de Acceso a la Información Pública.

Una vez que lo apruebe el Congreso del Estado desaparecerá la Secretaría de Turismo, cuyos programas y recursos serán transferidos a la Secretaría de Desarrollo Económico, para transformarla en dirección o unidad.

Luis Alfonso Rodríguez Garza seguirá operando sus funciones y no habrá despido masivo de personal, sólo los ajustes necesarios para eficientar el recurso, sin descuidar la operatividad, ejecución de programas y proyectos.

CH