México, DF.- La inclusión del embajador mexicano en Estados Unidos, Eduardo Medina-Mora, en la terna para cubrir una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha convertido en un nuevo frente para el presidente Enrique Peña Nieto, acusado por ese motivo de despreciar los derechos humanos e incluso la Constitución.

El Mandatario propuso el pasado 17 de febrero al Senado tres candidatos para cubrir la vacante que la muerte de Sergio Valls dejó en diciembre pasado en el pleno de la alta Corte, integrado normalmente por 11 miembros.

Además de Medina-Mora, los nominados son Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco. A diferencia de los otros dos, que cuentan con una amplia trayectoria en el Poder Judicial, Medina-Mora se destaca por los puestos que ha ocupado en el ramo de la seguridad.

Para la organización familiar Pasta de Conchos “el comportamiento como servidor público de Eduardo Medina-Mora Icaza en el caso Pasta de Conchos lo incapacita como impartidor de justicia y anula su pretensión de constituirse como miembro de la Suprema Corte”.

La organización recordó que en 2008, como titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Medina-Mora rechazó la Recomendación 64/2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se concluyó el ejercicio indebido de la función pública y la existencia de violaciones a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, atribuibles a servidores públicos de la PGR, en perjuicio de los mineros del carbón fallecidos en la mina Pasta de Conchos y de sus familias.

“Eduardo Medina-Mora dio la espalda, como procurador de la República, a la lucha por el debido proceso en el caso Pasta de Conchos. De haber cumplido, se hubiera abierto una puerta al conocimiento de la verdad sobre lo sucedido y a la sanción de los responsables de la explosión […]. Justo esta negligencia fue el argumento para la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso”, denunció la organización en un comunicado.

Las familias de los mineros fallecidos en febrero de 2006 dijeron que Mora “ni atendió la solicitud de la CNDH de extraer de la reserva la averiguación previa mencionada, ni agotó las diligencias de investigación pendientes que estaban a su alcance, ni mucho menos investigó las irregularidades y omisiones en la práctica de los trámites necesarios para esclarecer los hechos”.

Dijeron que de haber procurado la justicia a su tiempo, hubiera podido llegar a la verdad de lo acontecido y se hubiera logrado el rescate de los restos de nuestros seres queridos.

“Además de la vulneración de nuestros derechos humanos por su incumplimiento, la dilación de la justicia abrió un compás para que la empresa Industrial Minera México, de manera unilateral, y cuando ya se habían recuperado dos cuerpos, cancelara las labores de rehabilitación de la mina y el rescate emprendido de los cuerpos de los mineros”, denunciaron.

ATENCO

Medina-Mora ha sido director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, secretario de Seguridad Pública y titular de la Procuraduría General de la República (PGR), además de embajador en el Reino Unido.

Varias organizaciones civiles lo acusan de estar “implicado en casos de graves violaciones a los derechos humanos”, como la represión a pequeños propietarios que se oponían en 2006 al plan para construir un aeropuerto en San Salvador Atenco, en el Estado de México.

En la acción policial, ordenada por el entonces gobernador de este estado, Peña Nieto, cuando Medina-Mora era secretario federal de Seguridad Pública, hubo dos muertos y 207 detenidos, entre ellos “47 mujeres de las que 26 denunciaron haber sido torturadas y violadas” por policías, señalaron en un comunicado conjunto.

Ya como procurador general, en 2006, Medina-Mora declinó su competencia para investigar aquellos hechos, según denunciaron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, entre otras organizaciones.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) criticó también la participación que tuvo el actual embajador en EU como asesor del Gobierno en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que “abrió las puertas a la privatización del campo en beneficio de grandes empresas”.

DEBATIR CON SERIEDAD

De acuerdo con el PRD, la postulación de Medina-Mora “es muestra de la poca importancia que Enrique Peña Nieto otorga a la defensa y protección de los derechos humanos de los mexicanos”.

El senador Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo (PT), opinó que la nominación de Medina muestra el deseo de Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de controlar el máximo tribunal del país, que “no va a ir nunca contra las reformas que interesen al Presidente”.

Bartlett, ex gobernador del estado de Puebla de 1993 a 1999 con el PRI, presentó el 24 de febrero al Senado una iniciativa para que los ciudadanos elijan por voto directo a los miembros de la SCJN.

En medio de la politización del caso, el experto Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sugirió debatir sobre “el perfil de juez constitucional” con “la seriedad que el país requiere”.

Sobre todo porque “este año no solamente se cubrirá una vacante, sino tres”, porque además de sustituir al fallecido Valls, en noviembre otros dos magistrados terminan su gestión.

En una entrevista con EFE, Salazar recordó que “no es un contexto jurídico cualquiera el que se vive en el país” por las reformas constitucionales emprendidas en los últimos años, la mayoría por Peña Nieto, como la energética, la electoral, la de competencia, la educativa o la de derechos humanos.

“Hay una transformación muy profunda en el marco constitucional mexicano que supondrá interpretaciones de las nuevas normas constitucionales que ponen al Poder Judicial en una situación particularmente relevante” para “la ley y convivencia política y social en el país”, advirtió.

Son elegibles: Senado

Este lunes, la Comisión de Justicia del Senado declaró elegibles a los aspirantes propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución del fallecido ministro Sergio Valls Hernández.

La terna será discutida al interior de la comisión antes de emitir un dictamen que se presentará al Pleno del Senado, a más tardar el próximo viernes de esta semana.

Los tres aspirantes: Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, comparecieron ante la citada comisión para argumentar sus propuestas y responder las dudas de los senadores.

Al finalizar las tres comparecencias, sólo las senadoras del PRD, Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, pusieron en duda la “imparcialidad del embajador Eduardo Medina-Mora para poder cubrir la vacante de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Las legisladoras aseguraron que Medina-Mora actuó bajo criterios inconstitucionales en diversos casos cuando era titular de la Procuraduría General de la República, entre ellos porque su nombre ha sido señalado como responsable en dos de las últimas tres investigaciones por violaciones graves a derechos humanos formuladas por la SCJN: el caso Atenco y el caso Oaxaca.

También lo responsabilizó del llamado “Michoacanazo” en donde alcaldes de Michoacán fueron arraigados sin cargos sólo por la presunción de que eran integrantes del crimen organizado, sin que hasta la fecha se pudiera probar tales acusaciones.

Finalmente, la senadora Padierna señaló que su paso por la PGR, Medina-Mora utilizó frecuentemente la figura de testigos protegidos, “lo que derivó en expedientes poco sólidos y en persecución de adversarios políticos del Gobierno”.

Al respecto, los académicos denuncian en la petición iniciada esta semana que Medina-Mora se ha caracterizado por la parcialidad y la incompetencia a lo largo de los cargos de alto nivel que ha ostentado.

La petición de los académicos

Un grupo de académicos exigió al Senado de la República frenar a Eduardo Medina-Mora, postulado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el presidente Enrique Peña Nieto, por considerar que en su carrera como funcionario ha sido “incompetente y parcial”.

Mediante una petición en la plataforma Change.org, los investigadores expertos en Derecho, Alejandro Madrazo Lajous, Catalina Pérez Correa González  y Jorge Javier Romero Vadillo, junto a cientos de firmantes, dijeron a la Cámara alta que el perfil de quien ocupe la más alta magistratura judicial del país “debería ser tal que no sólo resultara destacado e intachable en su trayectoria previa sino, sobre todo, debería abonar a reconstruir la confianza”.

“La postulación de Eduardo Medina-Mora, lejos de contribuir a reconstruir la confianza, confirma la percepción de que la clase política prefiere nombrar a funcionarios que, aún siendo poco eficaces en el desempeño de su cargo, son propensos a inclinar su proceder por razones políticas”, refiere el texto que acompaña a la petición.

Los firmantes dijeron que al ser “la incompetencia y la parcialidad los dos males mayores que aquejan hoy al sistema de procuración e impartición de justicia en el país […], es un error hacer ministro a Medina-Mora”.

ch