Saltillo, Coah.- El “derecho de nacer” es la iniciativa que presentó el PAN en el Congreso del estado mediante una adición al Artículo 7 de la Constitución de Coahuila, al considerar que si desaparece el derecho a la vida, se eliminan simultáneamente todos los derechos humanos.

La fracción de Acción Nacional pide ajustarse a la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Pacto de San José, que protegen y garantizan el derecho a la vida de los niños.

Asimismo, respetar la Carta Magna, que confirma que la vida debe estar protegida en todo momento por el Estado mexicano.

Además, sostienen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado que la Ley Suprema de la Unión tiene a la cabeza a la Constitución Mexicana y a los tratados internacionales suscritos por México y ratificados por el Senado, lo que debe observarse en las disposiciones legales y reglamentarias, así como en los decretos y decisiones de la autoridad.

“No podemos hallar en los tratados internacionales una sola disposición que establezca derechos a favor del aborto, a favor de privar de la vida a otro ser humano por razones ajenas al derecho punitivo penal”, sostuvo el diputado Jesús de León Tello.

Tampoco, dijo, acordaron opciones para privar de la vida durante la gestación o en algún momento de la etapa de desarrollo del nonato, desde la concepción hasta el
alumbramiento.

“A la luz de los instrumentos internacionales, México nunca acordó establecer un régimen de excepción referente al aborto discrecional y sin justificación (razones médicas o en casos de violación) de parte de las mujeres embarazadas.

“Es un deber del Estado mexicano y de las entidades garantizar el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte por causas naturales, de todo individuo”,
subrayó.

Proyectan leyes para erradicar acoso escolar

Con la propuesta de la Ley para la Prevención, Atención y Control del Acoso Escolar, no sólo se buscará prevenir, atender y erradicar el bullying, sino también trabajar en la violencia de género y entre parejas de adolescentes.

Incluye hasta clausura de planteles que incumplan, mientras que los directivos y maestros serían destituidos si no acatan la ley, reportan a la Secretaría de Educación los casos de bullying y si no denuncian ante el Ministerio Público actos presuntamente constitutivos de delitos por acoso escolar.

La diputada Carolina Morales Iribarren, autora de la iniciativa, urgió a trabajar en los derechos humanos y el ambiente libre de violencia, para lo cual debe capacitarse a maestros y directivos, así como fincar responsabilidades a quienes omitan denunciar y sanciones a agresores y cómplices.

Refirió que es imposible determinar las cifras exactas del bullying, pero es evidente que aumentan los actos violentos entre estudiantes, desde las agresiones físicas, psicológicas y hasta sexuales, que afectan el desarrollo de las víctimas.

La propuesta busca garantizar la integridad física y psicológica de los alumnos mediante la detección y tratamiento del acoso en víctima, agresores y cómplices, que involucre a maestros, padres de familia, autoridades de la Secretaría de Educación, de Salud y de Seguridad Pública, así como del DIF Coahuila, desde jardín de niños hasta la educación media superior.

Violentan derechos de los minusválidos

El derecho a la accesibilidad es el más violentado en el estado, pues según foros realizados en Coahuila, se ha encontrado que 60% de la infraestructura urbana no es buena para las personas con discapacidad, aseguró la diputada Claudia Elisa Morales Salazar.

“Y a esto le agregamos que la gente deja cosas, como anuncios y materiales de construcción en las banquetas, que son obstáculos que han presentado accidentes serios entre la población con discapacidad visual”, refirió.

Por ello, propuso reformar la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, para hacer obligatoria la rehabilitación de los accesos ya existentes y los de nueva creación, para facilitar el desplazamiento de personas con capacidades diferentes.

Propuso modificar el Artículo 28 para precisar que la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial y otras dependencias estatales y municipales, “de acuerdo al presupuesto anual asignado, destinarán una partida suficiente para la rehabilitación de las instalaciones de accesibilidad ya existentes en espacios públicos”.

También, para garantizar el acceso en obras de nueva creación que ejecuten los distintos órganos de gobierno.

Piden quitar carga fiscal a municipios

Eliminar el Artículo 137 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas propone el PAN, para quitar la carga fiscal que los ayuntamientos deben aportar anualmente a la Auditoría Superior del Estado.

El Artículo 137 establece que “las entidades aportarán hasta el 0.5% de sus ingresos totales a la Auditoría Superior para cubrir las erogaciones realizadas con motivo de los servicios a que se refiere el artículo 134, fracción XXXIII de esta ley”.

Las aportaciones a que se refiere el párrafo anterior serán retenidas a las entidades por la Secretaría y enteradas mensualmente a la Auditoría Superior, por trabajos de implementación, capacitación y sostenimiento de la contabilidad gubernamental.

ch