Ciudad de México.- A pesar de que subieron a tribuna 36 oradores, y luego de una suerte de debate cantado y superior a las cuatro horas, con todo y opositores, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general por mayoría absoluta -110 a favor, una en contra y una abstención- en lo general y con 26 reservas la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que elimina la opacidad gubernamental en el ejercicio de los recursos públicos y permite el derecho de máxima publicidad y difusión de la información oficial.

Al presentar el dictamen correspondiente, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, resaltó algunas de las bondades de esta nueva normatividad que empodera al ciudadano para vigilar a sus gobernantes.

“La transparencia es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida democrática, política y social de este país. Es así como esta Ley General, que es de orden público y de observancia general para toda la República, contempla como sujetos obligados a los organismos autónomos, a los partidos políticos, a los fideicomisos, a los fondos públicos, a cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo constitucional autónomo, incluyendo sin duda al Poder Legislativo y Judicial”, señaló el presidente de la Comisión de Anticorrupción, Pablo Escudero.

Del lado priista, la senadora Lilia Merodio Reza recordó que este trabajo legislativo que se había extendido por más de dos años culmina con un producto legislativo a favor de la ciudadanía, el cual deberá ser monitoreado por todos para una mayor cultura de la gobernabilidad democrática

“La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que aprobaremos el día de hoy, atiende al mandato constitucional para garantizar el derecho humano a la información y así responderemos a una de las exigencias ciudadanas más sensibles: la apertura del Estado Mexicano”, señaló la senadora Lilia Merodio.

La perredista Angélica de la Peña, responsable de la Comisión de Derechos Humanos, recordó a sus pares que el acceso a la información pública constituye una herramienta fundamental para combatir la corrupción.

“Define de manera puntual que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada en posesión de los sujetos obligados, es pública y accesible a cualquier persona, y que sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reserva de manera temporal por razones de interés público y de seguridad nacional en ciertos y determinados supuestos, tal y como se establece en el artículo 4º del presente dictamen”, mencionó la presidenta de Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña.

Los panistas, representados por la senadora Laura Rojas, comentaron que como cualquier ley, la de Transparencia también es perfectible pero el saldo es ampliamente favorable al interés no del PAN, y sí de los mexicanos.

“Las obligaciones de transparencia a nuevos sujetos obligados como partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, Poder Legislativo y Poder Judicial; representan otro enorme avance porque no se podía hablar de un gobierno verdaderamente transparente, si dos de tres poderes o los órganos autónomos no se encontraban sujetos a las mismas reglas del juego”, indicó la senadora del PAN, Laura Rojas

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