México, DF.- La situación de los derechos humanos en algunas partes del país atraviesa por “una crisis” que no corresponde a la envergadura de la reforma constitucional en la materia de junio de 2011, debido a la gran cantidad de abusos graves, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Así lo afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien este mediodía presentó su informe de actividades 2014 en la residencia oficial de Los Pinos, frente al presidente Enrique Peña Nieto, integrantes de su gabinete y funcionarios de diversas instituciones.

Durante su mensaje, el ombudsman nacional destacó en primer lugar que “lo más relevantes a reportar en materia de derechos humanos durante 2014 es el despertar y toma de conciencia que hechos como los de Chalchihuapa, Tlatlaya e Iguala han provocado en nuestra sociedad”.

En ese mismo sentido, dijo que “Iguala marca un antes y un después para México. La gravedad y trascendencia de estos hechos nos debe hacer reflexionar y replantear el futuro que queremos para nuestro país. Iguala es un asunto no cerrado, en el que hay que buscar la verdad y lograr que los derechos de las víctimas sean reparados”.

A continuación, informó que las entidades públicas más señaladas en las recomendaciones del organismo a su cargo son el Instituto Mexicano del Seguro Social (con 8), la Comisión Nacional de Seguridad (8), el Gobierno de Oaxaca (7), la Procuraduría General de la República (4), el Gobierno del Distrito Federal (4) y el Gobierno de Chiapas (3), entre otras.

En cuanto a los expedientes de queja, la lista la encabezó el IMSS, con mil 542 casos; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, con 1777; la Secretaría de la Defensa Nacional, con 642; la Policía Federal, en 580, y el Instituto para la Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en 538.

Asimismo, González Pérez recalcó de manera especial que “la simulación, parcialidad y falta de apego a la ley en procedimientos de responsabilidad administrativa constituye por sí misma una nueva violación a derechos humanos, pues se revictimiza a quienes fueron objeto de las violaciones que dieron origen a la recomendación”.

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