México, DF.- Un funcionario del gabinete de seguridad mexicano, que pidió no ser identificado dijo que el Gobierno de México había aceptado dar trámite a la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de que el Gobierno estadunidense entregara a tres empresarios mexicanos que enfrentan procesos judiciales en el país y que se habían refugiado en Estados Unidos.

La información dada a conocer por una investigación de Gerardo Reyes, Peniley Ramírez y Tomás Acuña, reveló que el supuesto acuerdo entre ambos gobiernos se realizó en Estados Unidos y siguió a la petición formal de extradición de Joaquín Guzmán, la cual llegó oficialmente a México el 25 de junio.

Sólo pasaron 16 días de esta solicitud, cuando el líder del cártel de Sinaloa se fugó del penal de máxima seguridad del Altiplano. Sin embargo, Estados Unidos realizó un gesto de buena fe para mantener la negociación con la detención del segundo socio con mayoría accionaria en la naviera mexicana Oceanografía, empresa considerada como la principal contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex), que presuntamente participó en un fraude por 400 millones de dólares.

Los tres fugitivos solicitados por el Gobierno de Peña Nieto que se sabe permanecen prófugos en el país vecino y que podrían estar en breve en México son Rafael Olvera, dueño de la institución financiera Ficrea; Gastón Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, declarada en quiebra, y Martín Díaz.

A pesar de que los operativos de búsqueda del Chapo de la PGR en el norte de México hasta ahora no han logrado concretar su recaptura y la presión internacional se mantiene con las alertas de la Interpol y la colaboración de la Policía Nacional de Colombia, el acuerdo entre Washington y México se ha mantenido en la expectativa.

¿DETENCIÓN MIGRATORIA?

Díaz fue detenido el miércoles 12 de julio por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) y se encuentra aún bajo su custodia, confirmó Néstor Yglesias, un vocero de la dependencia en Miami. Fuentes allegadas al empresario dijeron que el Gobierno de Estados Unidos prefirió un proceso de deportación porque México ya había fracasado en un intento de extradición. El primer proceso, agregaron, es teóricamente más rápido que el segundo.

Añadieron que el interés del Gobierno mexicano es que Díaz sea enviado a México lo antes posible para que enfrente su proceso ante la autoridad.

El abogado para los problemas migratorios de Díaz en Estados Unidos, Enrique González, dijo que estaba muy extrañado con la decisión que tomó la ICE de arrestar a su cliente por cuanto él se encontraba bajo un estatus permitido por la ley.

González explicó que Díaz esperaba una decisión respecto a una solicitud de asilo político y una prórroga de estadía. En una conferencia de prensa en la capital mexicana, el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, dijo que la detención se realizó a petición de la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales de la PGR, después de que detectaron una situación migratoria irregular que activó las alertas de Interpol México.

El empresario continuó en Estados Unidos, dado que el Gobierno le había concedido una estadía legal hasta diciembre de 2014 en la visa de visitante para negocios y turismo que canceló en cuanto se supo la situación del fraude en Oceanografía.

Con anterioridad, había pedido una visa de inversionista TN para participar en un proyecto de una cadena de restaurantes mexicanos en Estados Unidos. La visa TN se concede en virtud del Tratado de Libre
Comercio entre ambos países.

Al informar a los agentes de ICE que arrestaron a Díaz, que existía una petición de asilo, estos respondieron que dicha solicitud no aparecía en los archivos y que quizás se había perdido. Los abogados entregaron los documentos originales de la solicitud, pero el empresario de todos modos fue trasladado al Centro de Detención Krome al sur de Miami. Un juez de inmigración definirá el lunes si le concede libertad bajo fianza.

El abogado penalista Roberto Ochoa, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que sí se aplica el proceso de deportación el Gobierno mexicano tendrá una ventaja, ya que acelera el proceso de repatriación y ya en suelo nacional, Díaz sería detenido con una orden de aprehensión que le fue girada en junio del año pasado.

EL FRAUDE MILLONARIO

El caso Oceanografía comenzó en febrero de 2014, cuando la principal contratista de Pemex fue acusada de haber incumplido con el pago de unas fianzas sobre varios de sus contratos con la petrolera, por lo que fue inhabilitada para que se le otorgaran contratos de Gobierno.

En 15 días, el conglomerado Citibank informó a la Bolsa Mexicana de Valores que había detectado un presunto fraude en su esquema de “créditos a corto plazo”, por 400 millones de dólares, el cual había disminuido sus ingresos anuales de 2013 por 235
millones, después de impuestos.

El Gobierno de Peña Nieto tomó el control de la empresa y la ha administrado desde entonces, durante el proceso en que los acreedores se pusieron de acuerdo en cómo cobrar sus adeudos sobre la compañía, en un procedimiento de concurso mercantil.

En mayo de este año un juez aprobó un convenio de acreedores que terminó este concurso. En este acuerdo no se consideró ningún adeudo con Citibank relacionado con el supuesto fraude, el cual habría tenido lugar por medio de su filial en México, Banamex.

Un abogado del caso en México explicó a Univision que tanto Martín Díaz como Amado Yáñez, socio principal de la naviera preso en un reclusorio en la Ciudad de México, son acusados de obtener créditos en condiciones preferentes y haberlos destinarlo a fines distintos a los contratados.

Díaz es implicado en el caso, ya que Banamex ha declarado que él operaba las cuentas. Durante el año y medio que ha durado el proceso legal, no se ha dado a conocer ningún documento del manejo del dinero que se transfería de Banamex a Oceanografía en el que conste su firma.

PRÓFUGOS

» El Gobierno de Peña Nieto solicitó a Estados Unidos que envíe a México a Rafael Olvera, dueño de Ficrea, quien es acusado por un fraude a más de 6 mil ahorradores.

» Otro de los considerados “fugitivos” es Gastón Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, que declaró en quiebra a la aerolínea sin realizar indemnizaciones ni pagos.

DETENIDO

» Martín Díaz fue detenido en Estados Unidos por ser el operador financiero de Oceanografía, empresa que presuntamente realizó un fraude de 400 millones de dólares.

» Díaz Álvarez, de 52 años, habitaba una suite en el lujoso hotel Four Seasons de Brickell y manejaba automóviles de lujo.
» Tenía ficha roja de la Policía Internacional (Interpol) en 178 países. En abril pasado un juez federal mexicano le negó un amparo con el que impugnó la orden de aprehensión de la PGR.