Saltillo, Coah.- La Procuraduría General de Justicia de Coahuila recibió 10 nuevas denuncias por presuntos desvíos de recursos detectados en la cuenta pública de 2013.

Las denuncias, que aún deben ser ratificadas ante el Ministerio Público, implican observaciones no solventadas por las autoridades de las anteriores administraciones municipales, y suman decenas de millones de pesos.

Fuentes oficiales confirmaron que una de las denuncias contra quien resulte responsable fue interpuesta por el presunto desvío de 51 millones de pesos en Ramos Arizpe, municipio que durante ese periodo fue gobernado por Ramón Oceguera Rodríguez.

En la mira 10 alcaldías por ‘desvíos’ de dinero

Tras recibir 10 nuevas denuncias la Procuraduría General de Justicia del Estado, contra alcaldías por presuntos desvíos de recursos, las miradas se dirigen a la administración de Ramón Oceguera Rodríguez, quien ya había sido cuestionada por el endeudamiento con proveedores, especialmente en el servicio médico, recolección de basura y tratamiento de aguas residuales.

Otro exedil que enfrentaría una investigación sería Cipriano Portales Bermúdez, quien llegó a la Alcaldía de Múzquiz postulado por el PRD, PT y Unidad Democrática de Coahuila.

Asimismo, hay denuncias por irregularidades en los municipios de Abasolo, gobernado en 2013 por el priista Juan Manuel Lerma Sandoval; Candela, donde fue alcalde el priista Macedonio López Pérez; Frontera, donde gobernaba el priista Jesús Ríos Alvarado, y Jiménez, donde el Presidente Municipal era Juan Antonio Balderas Balboa, del PRI.

Las querellas por presuntos desvíos también se presentaron contra servidores de Parras de la Fuente, donde fue alcalde Evaristo Madero, por el PVEM; Sierra Mojada, gobernado por el priista Carlos Rivera Silva; Viesca, presidido entonces por Francisco Javier Escobedo Rey, del PRI, y Villa Unión, donde fue Presidente Municipal Gabriel Elizondo Valdés, también del PRI.

Las denuncias presentadas hace casi dos semanas se suman a aproximadamente 20 denuncias más que la Auditoría Superior del Estado ha interpuesto contra municipios por la revisión de las cuentas públicas de ejercicios anteriores.