Saltillo, Coah.- Luis Eduardo Mendoza, director editorial de Zócalo Monclova, presentó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila una queja contra funcionarios de la PGR, por la arbitraria detención por presuntos delitos electorales, de la que fue objeto en las instalaciones del periódico y luego trasladado a Saltillo en una operación plagada de amenazas.

Organismos de defensa de derechos humanos, legisladores y líderes de opinión condenaron los actos de intimidación a los que fue sometido Mendoza López, luego de ser detenido de manera arbitraria y violentar sus garantías al no presentar una orden de aprehensión.

Saúl Maldonado Espinosa, subdirector de Capacitación y Prevención en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no quiso hablar del tema, argumentando que no tenía los elementos ni la facultad de hablar del asunto, lo cual fue cuestionado por los reporteros, quienes le rebatieron que el curso-taller era incongruente, pues era precisamente el tema a tratar.

Periodistas protestan con reclamo silencioso

Compañeros de Luis Eduardo Mendoza López, directivo de Zócalo Monclova, detenido de manera arbitraria el pasado miércoles por elementos de la Procuraduría General de la República, protestaron ayer de manera simbólica durante un taller ofrecido sobre delitos cometidos contra la libertad de expresión, tapándose el rostro con un cubrebocas blanco.

Al inicio del taller, realizado en la Casa de la Cultura e impartido por Saúl Maldonado Espinoza, subdirector de capacitación de la FEADLE, los periodistas de Zócalo Saltillo ocuparon los lugares en silencio, y permanecieron sentados durante la declaratoria de inauguración de este evento, organizado en coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado.

Maldonado Espinoza fue entrevistado al inicio del taller, donde se negó a hablar sobre el caso del directivo de Grupo Zócalo, argumentando que no era su área y no podía emitir opiniones al respecto.

“¿No resulta incongruente que este taller sea de protección de periodistas?”, le cuestionó una reportera.

“En este caso me declaro incompetente, nosotros tenemos una función específica, no en este caso, sino en general se nos pide no dar declaraciones, para eso hay los conductos adecuados, lamento no poder brindarles esta información”.

Durante la presentación de las autoridades, los periodistas de Zócalo permanecieron en silencio, y luego de la inauguración se retiraron, dejando el inmueble semivacío, con sólo media docena de periodistas de otros medios, el resto autoridades invitadas y miembros del staff del área de Comunicación Social de diversas dependencias.

PIDEN RENUNCIA DE DELEGADO DE PGR

Por otro lado, integrantes de la Asociación Lagunera de Periodistas (ALPE), exigieron ayer la destitución del delegado de la PGR en Coahuila, Gerardo Mejía Granados y los agentes de la FEPADE que detuvieron de forma anticonstitucional al periodista.

Carlos Padilla Muñoz, presidente del organismo lagunero, manifestó que se trata de una clara y lamentable violación a la Libertad de Expresión y los Derechos Humanos. A través de un comunicado enviado a la Redacción de Periódico Zócalo, los dirigentes de la asociación de comunicadores, aclararon que esta exigencia va directamente al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y a la procuradora General de Justicia, Arely Gómez.

“Señor presidente Peña Nieto no es posible que trate de mejorar la imagen de su administración con cambios sustanciales en su Gabinete, dejando a personajes siniestros en la impartición de justicia”.

Repudia IP arbitrariedad del protocolo

Representantes de la IP reprobaron la actitud de la PGR para detener a Luis Eduardo Mendoza sin notificarle los motivos.

Alberto Salinas de las Fuentes, presidente de la Canirac Saltillo, dijo que existen procedimientos a los cuales se deben de ajustar y apegar los agentes de las corporaciones.

Por su parte Alejandro Pepi de la Peña, presidente de la Canaco Saltillo, consideró que desafortunadamente no es la única dependencia que no hace el trabajo como debiera ser, y definitivamente es una arbitrariedad.

Armando Gutiérrez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, reprobó los actos de las autoridades al señalar que vulneran el estado de derecho.

Héctor Horacio Dávila, expresidente de la canacintra Coahuila Sureste, concluyó que no debieron detener a quien cumple con la misión de informar. (JESÚS JIMÉNEZ).

Diputados piden transparencia a las autoridades

Los diputados José María Fraustro Siller y Antonio Nerio exigen transparencia y respeto a la libertad de expresión por parte de la PGR, luego de conocer la detención arbitraria del director del periódico Zócalo Monclova, Luis Eduardo Mendoza.

Dijo que tiene entendido que ni Luis Eduardo Mendoza, ni el medio de comunicación ni nadie fue notificado sobre la denuncia y las solicitudes de comparecencia, por lo que la forma sorpresiva en que fue privado de su libertad debe ser aclarada de inmediato.

“Yo estoy seguro de que ellos aclararán la situación en estos días, porque si es bastante grave”, expresó Fraustro Siller.

Por su parte, el diputado Antonio Nerio exigió a las autoridades hacer las investigaciones correspondientes en torno a si fueron violados sus derechos como ciudadano, pues toda autoridad debe respetar dichos derechos cuando se trata de una detención, revisión o amonestación.

Nerio hizo un llamado a las autoridades para que apliquen los procedimientos que corresponden a la acción de la justicia, con apego al respeto de los derechos y procedimientos establecidos. (JESÚS CASTRO).

‘No se debe inhibir a comunicadores’

Para el director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Luis Efrén Ríos Vega los delitos electorales no se resuelven persiguiendo periodistas, sino yendo tras candidatos que incumplen con la ley, o tras los partidos e instituciones que pasan por alto la regulación de campañas.

“Tratándose de delitos electorales es obvio que los principales involucrados no son los periodistas, son más bien funcionarios o los candidatos o los partidos políticos que son en todo caso a quienes se debería perseguir”, aseguró.

En su despacho de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, plantel del que es director actualmente, Ríos recalcó que cualquier autoridad, incluyendo la Procuraduría General de la República (PGR) y su Fiscalía Especializada no tiene razón para amedrentar a los periodistas.

Ríos señaló que los protocolos no se siguieron en el caso de este periodista. El académico mencionó que la promoción política es el ingrediente principal de las campañas y para garantizar una promoción libre, se requiere la más amplia difusión de las plataformas de los candidatos.

Por ello, si a los comunicadores se les intenta inhibir con este tipo de actos intimidatorios, no habrá garantías para que la población conozca la oferta política de quienes aspiran a un cargo de elección. (LOURDES DE KOSTER).

Detención se apegó a derecho: FEPADE

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que la detención se realizó con apego a derecho y con respeto a sus derechos humanos.

A través de un comunicado refirió que derivado de una denuncia presentada por el Instituto Federal Electoral (IFE), actualmente Instituto Nacional Electoral (INE) por la publicación de encuestas con fecha 28 de junio de 2012, dentro del periodo de veda electoral, la fiscalía integró una averiguación previa.

“Del resultado de la investigación, una vez recabados los elementos de prueba, se determinó el ejercicio de la acción penal y se consignó ante el juez de distrito, quien libró la orden de aprehensión”, detalló el documento.

Al cumplir con la orden de aprehensión el pasado 26 de agosto, determinó que en todo momento el personal adscrito a la Fiscalía Especializada, actuó conforme a derecho y en total respeto de los derechos humanos del presunto responsable, sin violentar al detenido.

La FEPADE explicó que la publicación durante el periodo de veda de encuestas, con las que se dan a conocer las preferencias de la ciudadanía, vulneran el libre ejercicio del voto de los ciudadanos y la equidad en la contienda electoral. (AGENCIAS).