Ciudad de México.- Este día del abuelo, María Concepción Parra Serrano, no tuvo nada que festejar, lo pasó buscando a su nieta Rosario Imelda Campos Parra, bebé, que con tan sólo 10 meses de edad, fue vendida como si fuera mercancía por funcionarios que supuestamente debieron protegerla, quienes se desempeñaban en la administración del mandatario panista Guillermo Padrés Elías.

Fue el lunes 6 de mayo del 2013 la última vez que ‘Conchita’ vio a su nietecita, quien ahora debe tener unos tres años de edad; aquel día su hija y madre de la menor, Francisca Guadalupe Campos Parra, le dijo que llevaría a la bebé a comprar leche en una tienda de conveniencia, en vez de eso tomó un camión hacia el poblado Miguel Alemán donde entregó a la niña en las oficinas del Sistema DIF Estatal.

“Dejé que se la llevara porque iban aquí cerquita, pero tomó un autobús y se fueron al poblado, mi hija es drogadicta y para el martes en la mañana la niña fue entregada en las oficinas del DIF, me dijo que la entregó porque ella era sola y no tenía como mantener a la niña, que no tenía esposo, eso es lo que supuestamente dijo ahí donde agarraron a la niña, después la bebé fue traída aquí al UNACARI (Casa Hogar) pero yo ya no me di cuenta hasta el jueves que un cuñado me dijo lo que hizo la Lupe” , recordó la abuela con tristeza.

Según su testimonio, cuando Concepción Parra inició la búsqueda de la niña, uno de los primeros funcionarios que visitó fue justamente a Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, ex subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia a cargo de la Línea Protege, áreas dependientes del sistema DIF Sonora, quien a pesar que confesó el tráfico de menores desde el mes de mayo y que desde hace dos días pesa sobre él una orden de aprehensión, permanece en libertad porque la Procuraduría General de Justicia de Sonora no ha procedido a su arresto.

“Vladimir me dijo que nadie le quitó la niña a mi hija, que la bebé fue entregada voluntariamente, que yo no tenía ningún derecho por ser la abuela materna, yo le dije que cómo creía que no la iba a pelear si es mi nieta, la vi nacer y la quiero, pero ni siquiera me dejó verla para despedirme de ella; después una trabajadora social me advirtió que no era el primer caso de menores desaparecidos y que ese licenciado tiene ‘ cola que le pisen’ , no por nueve bebés sino por muchos casos más donde los vendieron como si fueran una mercancía” , lamentó Conchita.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia de Sonora, confirmaron que hasta el momento no han sido detenidos ni Vladimir Alfredo Arzate, ni su principal cómplice José Manuel Hernández López, quien se desempeñaba como asesor Jurídico del Sistema DIF Estatal y en la Unión Ganadera Regional de Sonora; en cambio, la fiscalía ya ejecutó ordenes de aprensión en contra de ocho personas, entre parejas y madres solteras que pagaron desde 80 hasta 150 mil pesos por un bebé a los que después presentaron como sus hijos biológicos ante el Registro Civil.