Tijuana, BC.- El Congreso de Baja California aprobó por unanimidad acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que analice la constitucionalidad de la decisión de los magistrados de otorgarse, vía reglamento, una pensión vitalicia y hereditaria.

El 2 de febrero, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baja California se otorgaron el privilegio de continuar recibiendo su sueldo como pensión vitalicia y hereditaria. Esta decisión no sólo es ilegal, sino también
inmoral.

Cada uno de los 17 magistrados percibe 206 mil pesos al mes, casi el doble de lo que gana el gobernador. Asimismo, se justifican en la independencia y la estabilidad judicial, pero se olvidaron de los demás empleados judiciales que carecen del derecho a la pensión.

Además, en la actualidad no hay dinero para hojas o plumas en los juzgados y aún así quieren que el presupuesto judicial se dilapide en mantenerlos a ellos y a su familia.

Según la Constitución, las pensiones sólo se otorgan por ley, y no existe norma legislativa que les dé derecho a 100% de su sueldo como pensión. Es falso que se trate de un “derecho”, porque si sólo lo disfrutan unos cuantos entonces se trata de privilegios prohibidos.

Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Armando Vázquez, consideró que la pensión vitalicia y hereditaria que recibirán los magistrados al pensionarse y sus viudas e hijos menores de 25 años es justa, porque de no haberla puesto en vigor “habríamos incurrido en desacato”.

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