Entrelíneas | Chihuahua.- La organización campesina “El Barzón” ha recibido denuncias que indican que más de 700 familias indígenas de diferentes regiones serranas han sido desplazadas por el crimen organizado, el cual despoja de tierras para la siembra de enervantes.

Heraclio Rodríguez Gómez, dirigente de la organización campesina, aclaró que están analizando algunas acciones para proteger a las familias de tarahumaras que se han visto obligadas a un éxodo por las prácticas del narco en la Sierra Tarahumara.

Las familias se han visto obligadas a salir de sus tierras para refugiarse en ciudades como Cuauhtémoc y Chihuahua e incluso el éxodo se realiza a escondidas y durante la noche por miedo a ser agredidos por bandas pertenecientes al crimen organizado que se han apoderado de las regiones serranas, según denunció el dirigente.

Rodríguez Gómez sentenció que el gobierno no ha querido reconocer el problema y mucho menos ha buscado resolverlo, por lo que estarán buscando acciones que brinden protección a las familias que han huido para salvaguardar su integridad.

Como parte del apoyo que brindará la organización será el acompañamiento en su salida de las regiones hasta llevarlos a sitios seguros donde puedan continuar con sus vidas, para esto se buscará solicitar el apoyo a la comunidad en general para el acopio de alimentos que permitan a los indígenas subsistir, según refiere el medio regional Red Noroeste.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que las regiones de Urique, Chínipas y Valle de Juárez concentran, en el estado de Chihuahua, el mayor número de casos con desplazamientos forzados a causa de la violencia.

Los desplazamientos se han generado en el periodo de tiempo del 2009 al 2015, según recoge el organismo derechohumanista y a nivel nacional, con fecha a octubre del año pasado, se registraron 5 mil 908 casos de éxodo a causa de la violencia que azota al país.

En el informe de CIDH sobre las condiciones de México en esta materia, el organismo informó que en abril del 2015 se solicitó al Estado Mexicano medidas cautelares para la comunidad “El Manzano”, en el municipio de Uruachi.

La CIDH reportó que en dicha comunidad se han recibido amenazas y asesinatos de jóvenes de la localidad, presuntamente en un contexto de reclutamiento del crimen organizado a sus filas.

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