Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) interviene cada 50 horas, en promedio, la línea telefónica de un ciudadano para escuchar sus pláticas con el propósito de investigar delitos federales.

Según una respuesta emitida a una solicitud de información, jueces federales especializados en cateos, arraigos e intervenciones de comunicaciones otorgaron a la PGR mil 167 autorizaciones entre el 1 de enero de 2009 y el 6 de enero de 2016 para invadir la privacidad de los ciudadanos, con el argumento de perseguir delitos. Esto abarca los cuatro últimos años del periodo presidencial de Felipe Calderón y los primeros tres de la admnistración de Enrique Peña Nieto.

Sobre las líneas telefónicas intervenidas, no hay informes públicos ni se sabe quiénes son los ciudadanos cuya privacidad fue vulnerada, ya que las autoridades negaron tener esa información, pese a que se pidió conocer todas las peticiones que ha hecho la Procuraduría para intervenir líneas telefónicas.

La “opacidad” con la que el Gobierno federal maneja este tema ha levantado sospechas entre activistas y defensores de derechos humanos, quienes se preguntan ¿por qué tantas sombras en un mecanismo supuestamente legal? y ¿cuántos mexicanos realmente han sido vigilados en sus teléfonos?

TODOS PUEDEN SER VÍCTIMAS

En México, todas las personas que tienen un teléfono celular son susceptibles de que sus datos privados lleguen a manos y oídos de empleados del Gobierno y, para ello, en muchas ocasiones, las autoridades ni siquiera necesitan una orden judicial, sino que les basta con algún oficio de la dependencia, según el testimonio de expertos en espionaje digital.

El Artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala que: “el concesionario debe conservar los datos en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes”.

El primer año de cada “metadato” se guarda en una plataforma electrónica para consulta inmediata del Gobierno. Ya en el segundo año, el Gobierno debe pedir los datos a las empresas de telefonía, y se les deben entregar en menos de 48 horas.

Por ley, quienes están facultados para pedir esa información son jefes policiacos y procuradores de justicia o empleados que los jefes y procuradores designen para representarlos ante las empresas de
telecomunicaciones.

‘ESTAMOS OBLIGADOS A ENTREGARLOS’

A menos de tres meses de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 5 de diciembre de 2014, las operadoras telefónicas alertaron públicamente sobre el riesgo que significa entregar datos personales a cualquier autoridad sin protocolos de seguridad.

“Desafortunadamente, con lo que está hoy en la ley, el director de Seguridad Pública de Iguala podría habernos pedido la geolocalización de todos ustedes”, reclamó Miguel Calderón, vicepresidente de regulación de la compañía telefónica Movistar, frente a decenas de reporteros.

En ese peligro coincide Carlos Brito, director de Incidencia de R3DMX, una organización dedicada a velar por derechos digitales y privacidad en la red: “los ‘metadatos’ se obtienen sin orden judicial y de manera peligrosamente sencilla, porque las empresas no tienen instrumentos para verificar que están recibiendo un requerimiento debidamente fundado y motivado, eso sólo lo puede hacer un juez, así que entregan los datos personales ante el temor de una multa millonaria”.

El ejemplo del vicepresidente de Movistar muestra quién puede hoy, con la ley en la mano, conocer las llamadas de cualquiera: el jefe policiaco de Iguala actualmente está prófugo y acusado de entregar a 43 estudiantes al cártel Guerreros Unidos.

El dato se hace escalofriante cuando se sabe que, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 25 estados hay jefes policiacos que han reprobado sus exámenes de control y confianza, es decir, se presume que están involucrados en actividades ilícitas. Y ellos tienen el derecho de meterse hasta el teléfono de cualquiera.

¿YA ‘ESPIARON’ TU TELÉFONO?

Si la autoridad necesita ir más a fondo en el móvil de un mexicano, puede argumentar que investiga un delito para que un juez le permita escuchar en tiempo real las conversaciones de algún ciudadano; sin embargo, esa herramienta es sospechosa para activistas del derecho a la privacidad, como Luis Fernando García, director de R3DMX.

“Tenemos datos preliminares que obtuvimos hace unos años sobre geolocalización de celulares y después de un litigio nos tuvieron que dar datos que revelan que alrededor del 60% de las averiguaciones previas en las que se hizo uso de la geolocalización, siguen abiertas. Es decir, no es una medida tan efectiva, entonces ¿por qué la siguen usando?”, cuestionó el activista.

‘ARMA DE FILO POLÍTICO’

La sospecha de que la intervención de teléfonos está relacionada con algo más que perseguir criminales como intimidar adversarios políticos, atacar a activistas de derechos humanos, perseguir periodistas incómodos o perjudicar a un ciudadano que se ha visto involucrado en un conflicto con alguien “influyente”, parece consolidarse cuando se mira la opacidad y facilidad con la que se obtienen los permisos para escuchar conversaciones.

“Es muy fácil para cualquier procurador abrir una averiguación previa por cualquier delito y geolocalizarte, mantener la investigación abierta y nadie se va a enterar que el Gobierno sabe todo de ti y dónde estás, porque para eso no es necesaria una autorización de un juez y no tienes obligación de notificar a la persona investigada. A menos de que te acusen de un delito y en el juicio te presenten tus conversaciones como prueba, nunca te vas a enterar”, asegura.

Ahora, la R3DMX libra una batalla legal para incluir en la Constitución una protección poco conocida en el país: el Derecho a la Notificación, es decir, que la ley obligue a la autoridad a avisarle a los ciudadanos que su línea telefónica fue intervenida y que fueron investigados con el argumento de perseguir un presunto delito, sea que los hayan encontrado culpables o inocentes.