Ciudad de México.– Una de las sobrevivientes de la matanza de 22 civiles a manos de militares en el municipio de Tlatlaya en 2014 reconoció hoy sentir “temor” por el hecho de que tres de los implicados fueran liberados el pasado fin de semana y denunció la impunidad que se está dando en el caso.

Clara Gómez, madre de Erika, una de las personas que perdieron la vida el 30 de junio de 2014 en una bodega de Tlatlaya, en el central Estado de México, dijo a Radio Fórmula sentirse “muy indignada, molesta y enojada” por la liberación de los tres militares por insuficiencia probatoria.

La superviviente, quien se enteró por los medios de comunicación de que un juez federal desestimó los elementos de prueba aportados por la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), aseguró que tiene “un poco de temor de que estén sueltos los militares” y “miedo de que vayan a hacer algo”.

No obstante, cuenta con medidas de protección de la Secretaría de Gobernación (Segob) y otras cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Gómez denunció que “el Gobierno no ha hecho nada en dos años” y que el caso “se está quedando impune”.

Ello a pesar de que “nos dicen que pongamos denuncias para que haya justicia para las víctimas”, afirmó.

Según la versión inicial ofrecida por la Secretaría de la Defensa, el día de los hechos 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento armado con militares.

Sin embargo, dicha versión fue desmentida por la sobreviviente, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la detención de siete militares y su procesamiento en los fueros civil y castrense.

De acuerdo con la fiscalía, 14 personas murieron en el enfrentamiento y las ocho restantes, algunas heridas, fueron asesinadas por los militares, cifra esta última que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estimó en 15.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, recordó que con esta resolución judicial el magistrado realiza un “análisis de la calidad de la investigación”, determinando únicamente que no hay elementos suficientes para procesar a los elementos.

“No se pronuncia sobre su inocencia o culpabilidad, por eso la investigación sigue en curso”, apuntó Patrón, quien destacó la necesidad de hacer indagaciones más “profundas” en distintos niveles, que incluyan la cadena de mando de los militares implicados.

En un comunicado emitido el fin de semana, la PGR aseguró que “aportará pruebas que acrediten la responsabilidad de los implicados, para que estos sean reaprehendidos y formalmente procesados” y, así, “evitar que los delitos cometidos (…) queden impunes”.

En octubre pasado, otro cuatro militares vinculados a la masacre fueron liberados también por falta de pruebas que demostraran su participación en las ejecuciones extrajudiciales, pero la fiscalía apeló de inmediato la decisión.

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