Monterrey, NL.- Preocupación, incertidumbre y el miedo de vivir un trauma como el que se vivió el pasado 11 de febrero con el motín en el Penal del Topo Chico reunieron a cientos de mujeres, que se presentaron a la visita matutina en el reclusorio, tras la riña del pasado miércoles que dejó tres muertos y 14 heridos.

Pese a los operativos y el supuesto control de las autoridades estatales en la prisión con más de siete décadas de historia, la violencia se presentó para dejar en claro que el autogobierno continúa operando y experimenta conflictos con la escisión de las células criminales, sin importar la promesa del gobernador Jaime Rodríguez Calderón de que no se repetiría una situación de este tipo.

Desde alrededor de las 7:00 horas de ayer comenzaron a llegar los familiares para acceder a la visita programada, que habitualmente inicia a las 9:00 horas, aunque hubo algunos que llegaron desde la madrugada al escuchar que hubo disparos y granadazos al interior del penal y al no tener una respuesta clara de las autoridades estatales.

‘INVESTIGAREMOS A TODOS’

La situación en el Penal del Topo Chico volvió a la normalidad ayer y para las 11:00 horas la visita diaria se desarrolló sin incidentes. Al mismo tiempo, en una rueda de prensa, el Secretario General de Gobierno, Manuel González, aseguró que se realizarían las indagatorias necesarias a todos los involucrados.

González explicó que a raíz de que el Estado tomó control del penal, los cárteles ya no contaron con suficientes ingresos de las extorsiones y por eso creció el índice delictivo en el área metropolitana, mientras que fuentes de la Administración estatal revelaron que entre las principales medidas se dividirá a los presos de alta peligrosidad del resto de la población y se realizará el traslado de Fernando Aguilera Hernández, “El Pelón Fantasy”.

Según las primeras indagatorias, la riña se desató por una revancha de reos contra Javier Orlando Galindo Puente, “El Maruchan”, “Javi” o “Chocorrol”, que fue uno de los muertos y que era procesado como instigador de la masacre de febrero pasado, cuando murieron 49 internos.

Fuentes policiacas explicaron que un grupo de reos, que trabajan para una organización criminal que opera en el noreste, recibió la orden de ejecutar a Galindo Puente para que Aguilera Hernández le quitara el control del penal; por esta razón es que se realizará su traslado.

Por su parte, Cuauhtémoc Antúnez, procurador de Justicia del estado, aseguró que en las instalaciones se realizaron los protocolos correspondientes; se evacuó a quienes se debía, se pasó lista, se atendió con rapidez a familias y se les dieron facilidades a las autoridades para que sigan investigando.

También descartaron el uso de armas de fuego y aseguraron que se trató de disparos de arma tipo gotcha y gas lacrimógeno.

DECLARA EN FACEBOOK

Sin embargo, la opinión pública recriminó al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, que no haya presidido la divulgación de los datos relacionados con la riña, ya que en sus promesas de campaña aseguró que se encargaría de la seguridad y de la corrupción en la entidad, algo que hasta el momento no ha realizado al menos de forma pública.

Tras salir de gira a su municipio natal, Galeana, el Mandatario estatal publicó en su cuenta de Facebook que las autoridades no pueden mandar en la conducta de cada uno de los reos y presumió que gracias a la inversión hecha en las cámaras de monitoreo lograron responder en tiempo y forma para evitar que el escenario fuera similar al del motín de febrero.

“Raza, tenemos el control del penal, hay roces entre los internos y no podemos mandar en la conducta de cada quien. Estamos trabajando bien duro para tener más seguridad, tanto dentro como fuera de los penales”, publicó en su red social.

Promueve CEDH amparos a reos

Al abrir una investigación de oficio tras los disturbios en el Penal del Topo Chico, la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó al Gobierno adoptar medidas para erradicar el riesgo de muerte en el centro penitenciario.

A través de un comunicado, el organismo encabezado por Sofía Velasco Becerra plantea una serie de medidas cautelares dirigidas a la Administración estatal.

Las medidas, explica el comunicado, buscan salvaguardar los derechos humanos de los internos y sus familiares.

A la par de este llamado, alrededor de siete solicitudes de amparo fueron emitidas por familiares en un módulo de Derechos Humanos, ubicado a un costado de este reclusorio.

“Esos amparos son con la finalidad de que a sus familiares no los incomuniquen. También existen otras personas, quienes traían unos oficios, que nos manifestaron que eran de salida de otros familiares, que ya deberían haber estado afuera”, dijo Luis Ulises Treviño, asesor jurídico de esta organización.

LM