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Agencias
Publicado el sábado, 4 de junio del 2016 a las 06:00
Ciudad de México- La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León anunció el embargo de bienes al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina y 10 exfuncionarios más.
El exgobernador de Nuevo León está acusado de peculado y ejercicio indebido de funciones, entre otros.
El gobierno de Jaime Rodriguez “El Bronco” logró la consignación del caso contra el exmandatario estatal por el presunto desfalco de las arcas de Nuevo León.
La Fiscalía Anticorrupción tenía 120 averiguaciones previas iniciadas contra varios funcionarios del gobierno de Nuevo León; se informó que el embargo de bienes se realiza esta tarde.
En conferencia de prensa, funcionarios de la Subprocuraduría indicaron que, tras el decreto de un juez, se activó un procedimiento para asegurar y embargar bienes de 11 exfuncionarios de la Administración estatal anterior, incluyendo a Medina, para garantizar 3 mil 600 millones de pesos derivado de la compra y venta de terrenos en Pesquería, Nuevo León.
“Dicho aseguramiento, o embargo precautorio de bienes, tiene su origen en la ‘Operación Tornado’, una investigación sobre hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición”, detalló el actual gobierno, en un comunicado.
No detallaron cuál es el monto de los bienes y cuentas sujetas al embargo. Sin embargo el titular de la subprocuraduría, Ernesto Canales, sí detalló que que esa medida de “embargo precautorio de bienes de los 11 exfuncionarios estatales está relacionado con la instalación de una armadora coreana en Nuevo León”.
En total se presentarán cargos en contra de unas 30 personas, entre ellas Medina, nueve funcionarios de alto nivel, cinco servidores públicos, dos alcaldes en funciones, dos diputados federales en funciones, y 10 empresarios. En una segunda etapa, señalaron, la investigación y sus repercusiones llegarían a familiares y socios de las personas vinculadas con presuntos actos ilegales.
En el caso de los alcaldes y diputados en funciones, explicaron, solicitarán el desafuero.
Entre los delitos señalados, está el de peculado y el ejercicio indebido de funciones, que habrían provocado un daño patrimonial de al menos 3 mil 600 millones de pesos.
Se espera que el Juez de Control vincule a proceso e imponga las medidas cautelares correspondientes a los siguientes ex funcionarios:
JC
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