Ciudad de México.- El día que torturaron a V., la peor parte ocurrió dentro de un inmueble que pertenece al Gobierno de México: abuso sexual, amenazas de violar a su familia e intentos por provocarle un aborto.

El 13 de abril de 2012, ella comía en la Zona Centro de la ciudad de Veracruz, cuando un hombre le apuntó con un arma en la cabeza y le colocó una capucha para impedir que lo reconociera. De nada sirvió que anunciara su embarazo a gritos: al desconocido lo ayudaron otros hombres para empujarla hasta adentro de una camioneta y ahí, durante el viaje hacia un predio de la Secretaría de Marina (Semar), la golpearon hasta llevarla a algún lugar de la base naval Las Bajadas.

“Desde el momento de su detención fue objeto de agresiones físicas consistentes en la colocación de unas pinzas en sus senos y en su vagina a fin de darle descargas eléctricas”, dice el expediente de 82 páginas con el caso de V.

“La desnudaron, la manosearon, metieron su cabeza a un tanque de agua y posteriormente le pusieron una bolsa negra en la cabeza, amenazándola con llevar a su hijo y violarlo frente a ella, de igual forma, al referirle a sus agresores que se encontraba embarazada, estos le dijeron que ‘le sacarían al monstruo de la panza’, pegándole en el estómago”, continúa el expediente.

Sus captores querían que V. revelara la ubicación de un tipo apodado “El Marino” y ella insistía en que no lo conocía, que la confundían. Poco importó: la desnudaron, la fotografiaron, la penetraron con los dedos, la obligaron a poner sus manos sobre varias armas. Ella terminó incriminándose y al día siguiente fue acusada de delincuencia organizada y portación de armas de fuego. Hoy duerme encerrada en una prisión federal.

SIN CONSECUENCIAS

Su caso es la primera “Recomendación” -diagnósticos que acreditan un abuso por parte de servidores públicos, aunque no tienen una consecuencia legal para los responsables- que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2016 al Gobierno federal, especialmente a la Semar: está comprobado que V. se declaró culpable luego de ser víctima de detención arbitraria, retención ilegal, tortura y violencia sexual.

En ese mismo expediente consta también la tortura de G., ocurrida el mismo día, en la misma zona de Veracruz, pero en hechos diferentes: él salía de una casa donde había cuatro personas más, cuando elementos de la Semar irrumpieron en el domicilio sin orden de cateo. A todos los golpearon, los torturaron en una base naval electrocutándolos y asfixiándolos para después acusarlos de vender droga y delincuencia organizada. Pero G. corrió con la peor suerte: lo violaron los marinos. Todo consta en la recomendación 01/2016 de la CNDH.

Historias como las de V. y G. forman parte de la práctica sistemática de tortura sexual en México. Lo peor es que tres de cada cuatro de esos casos ocurren en inmuebles del Gobierno federal.

ESCONDIDOS EN EL GOBIERNO

En la última década, entre 2006 y 2016, la CNDH ha emitido 753 recomendaciones por violaciones a derechos humanos en general: atención médica inadecuada, pérdida de la vida, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, entre otras. Estas recomendaciones sólo se emiten si los involucrados son trabajadores del Gobierno.

En los expedientes enviados a la Administración federal y los estados del país, en 98 casos -el 13% del total- las víctimas refieren algún tipo de ataque sexual.

Para una mejor contabilidad, estos ataques se dividen en dos tipos: uno, la agresión sexual, cuyas víctimas suelen ser mujeres y narran violaciones tumultuarias, penetraciones forzadas, tocamientos en genitales y pechos, amenazas de violación a ellas o sus familiares; y dos, la tortura sexual, que es dirigida típicamente hacia los hombres y consiste en toques en los testículos, quemaduras en el pene y ser martirizados sin ropa para humillarlos, entre otros tratos degradantes.

En ambos casos, los objetivos son obtener una confesión en la que la víctima se inculpe de un delito, o inculpe a otros, y aprovechar su vulnerabilidad para humillarle.

PROPIEDADES DE LA NACIÓN

Respecto a las propiedades federales donde ocurren estos ataques sexuales, la mayoría se han producido en vehículos propiedad del Gobierno federal, o zonas desconocidas para las víctimas -debido a que se les vendaron los ojos o se les tapó la cara- a donde fueron llevadas en automóviles oficiales.

Esto ocurrió en 22 casos, como la recomendación 68/2012 a la Secretaría de Marina, que narra el abuso contra la adolescente E., de 15 años, quien lavaba ropa con su cuñada en un río de Coyuca de Benítez, Guerrero, cuando llegó un grupo de marinos en cinco vehículos del Gobierno.

“La subieron a la caja de una de las camionetas y posteriormente la cambiaron a otra camioneta con vidrios polarizados en donde se encontraban tres elementos navales, quienes la obligaron a quitarse la ropa, a quedarse de espaldas y a abrir las piernas mientras le tomaban fotografías y se reían de ella […] introdujeron sus dedos en la vagina, y uno de ellos la penetró con su pene, mientras la amenazaba con matarla o desaparecerla si decía algo de lo sucedido, tras lo cual eyaculó en su abdomen”, se lee en el expediente de la CNDH.

En empate con el primer lugar -también 22 casos- están los cuarteles de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo sabe bien F., cuya historia está plasmada en la recomendación 41/2011: el Ejército lo acusó de delitos contra la salud y su martirio ocurrió en la 30/a. Zona Militar en Villahermosa, Tabasco.

PLANTELES EDUCATIVOS

El tercer lugar -13 casos- es para los planteles educativos y oficinas de la SEP, donde típicamente los profesores son quienes agreden sexualmente a los alumnos, tal y como lo comprobó la CNDH en la recomendación 4/2015 que detalla cómo L., alumna de 14 años de una secundaria administrada por la dependencia, fue abusada sexualmente por un profesor en la Ciudad de México.

El caso de la Secretaría de Educación Pública, la instancia encargada de la educación básica, salta como foco rojo: 3 de cada 4 recomendaciones recibidas están relacionadas con abuso sexual en sus instalaciones.

Y estos son sólo los casos públicos de la CDNH; en otras instancias, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se guardan más casos de agresión sexual acreditada en instalaciones federales.

LA IMPUNIDAD LO EXPLICA TODO

“El que este fenómeno ocurra en propiedades del Gobierno tiene una explicación”, asegura Nancy López, directora del Área Jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, “y es que los servidores públicos usan su posición jerárquica para apoyarse en una estructura que los arropa. Es común que usen a sus empleados como testigos para defenderse y nunca sean castigados. Por eso atacan ahí: saben que les garantiza impunidad.

“¿Cómo tratas un estrés postraumático desde una cárcel, por ejemplo, en Guerrero? ¿o cómo lidias con el abuso, si debes ver a tu jefe todos los días porque no puedes darte el lujo de renunciar?”

El uso de la tortura sexual en México es tan común que en diciembre de 2015 un colectivo de organismos a favor de derechos humanos lanzó la campaña Rompiendo el Silencio – Todas juntas contra la Tortura Sexual, que acompañó el estudio Tortura Sexual en México. Contexto, Prácticas e Impactos.

Sus conclusiones son devastadoras: “la tortura sigue siendo generalizada a todos los niveles, la impunidad por la tortura en México refleja primordialmente una falta de voluntad para investigar este delito, las personas detenidas en México se enfrentan a un mayor riesgo de tortura o malos tratos durante el primer periodo después de su detención”.

LM