Ciudad de México.- Al menos 500 restos mortuorios, entre cadáveres y cenizas, han sido inhumados de manera clandestina en un predio de Iztapalapa, el cual carece del permiso delegacional para operar como panteón y de licencia de sanidad.

Según vecinos, representa un riesgo de salud, “porque ninguna autoridad supervisa: llegan con los muertos y los entierran como Dios les da a entender”.

El terreno es disputado por un grupo empecinado en administrar las tumbas y otro obsesionado en usarlo para pachangas colectivas, cada cual con el respaldo de corrientes políticas o partidistas.

La historia de este cementerio irregular encierra disputas entre corrientes del PRD, entre éstas y grupos vinculados a Morena, anomalías durante la administración de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, incompetencia de la autoridad delegacional encabezada por Dione Anguiano y manipulación de cientos de familias, la mayoría conformadas por ancianos dispuestos a ofrendar su vida por un pedazo de tierra.

El terreno, ubicado en la colonia Pueblo Culhuacán y cuya extensión es de 7 mil 537 metros cuadrados, se encuentra ocupado hoy por integrantes de una asociación denominada Alianza de Barrios de Culhuacán, quienes desde hace dos meses comenzaron a repartirse fragmentos del suelo, planean hasta mil 100 sepulcros, hasta ahora delimitados de manera provisional por varillas y botellas de plástico.

Entre el 2 y el 13 de abril fueron enterrados ahí los cuerpos de dos ancianos y de una recién nacida, además de los huesos de un hombre sepultado hace siete años en otro panteón de la demarcación.

A finales de mayo alrededor de 500 familias depositaron ahí cenizas y otros restos de parientes, hasta entonces resguardados en sus casas o en diversos camposantos de la ciudad.

La licencia de funcionamiento como panteón debe ser otorgada por la Consejería Jurídica de Iztapalapa y la de sanidad por la Secretaría de Salud local, conforme a las normas vigentes.

“Defenderemos la tierra con nuestros propios muertos”, advierte Ángel Ildeberto Flores Molina, líder de la Alianza y quien durante la última década se ha vinculado a diversos partidos y fue colaborador de Martí Batres en la Secretaría de Desarrollo Social capitalina y coordinador de brigadistas de Andrés Manuel López Obrador.

Flores y sus seguidores pretenden administrar el lugar y asignar a perpetuidad las fosas, aun cuando el artículo 115 de la propia Constitución federal establece que los municipios o demarcaciones tendrán a su cargo el funcionamiento y servicio público de panteones.

Tanto el Código Penal Federal como el Código Penal del Distrito Federal contemplan una pena de hasta dos años de prisión y 90 días de multa a quien sepulte un cadáver o restos humanos sin orden de la autoridad correspondiente o sin cumplir los requisitos exigidos por las normas civiles y sanitarias.

ORIGEN

A principios de julio de 2005 representantes de Culhuacán lograron el respaldo de Marcelo Ebrard para iniciar la expropiación de un baldío colindante al viejo panteón vecinal de Culhuacán, el cual -argumentaron en un escrito con 5 mil firmas- “presenta una seria saturación”.

El predio solitario pertenecía a la inmobiliaria Coben. Se trata del mismo donde hoy se han consumado las inhumaciones furtivas.

El día 29 de aquel julio Ebrard envió un oficio a Octavio Romero, oficial mayor en turno, para arrancar el proceso “bajo la consideración de que resolverá un problema social”. Sin embargo, la solicitud se perdió entre pugnas legales. Fue el propio Marcelo, quien, ya en la jefatura capitalina, retomó el asunto seis años después: el 4 de octubre de 2011 expidió un decreto para expropiar el inmueble a favor del DF por causa de utilidad pública, con la justificación de que constituía “un espacio idóneo para la instalación de un nuevo panteón y el depósito de cadáveres en condiciones sanitarias adecuadas”.

Aunque el decreto cedió la posesión del terreno a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario para concretar el proyecto, el equipo de Ebrard permitió el ingreso irregular de sus aliados: cabecillas de la Alianza de Barrios.

“No somos invasores, desde ese octubre el gobierno de la ciudad nos dio entrada al predio; en especificó fue la entonces consejera jurídica Leticia Bonifaz (actual directora de derechos humanos de la SCJN) y de inmediato nos coordinamos para limpiarlo, lo hemos hecho todo este tiempo con la fe de tener nuestro cementerio”, refiere el líder Flores Molina.

Mes y medio después, el 23 de noviembre —2011—, Ebrard oficializó la donación entre porras y confeti, en un acto protocolario ante 4 mil personas reunidas en el inmueble. Lo dejó en la fragilidad legal, a expensas no sólo de la burocracia jurídica, sino de invasores u oportunistas.

En uno de los extremos del terreno se había construido un maltrecho galerón de unos 400 metros cuadrados, el cual fue invadido por la Organización Vivienda Valle de Luces dirigida por un sujeto de nombre Bernardito García, contrario a la Alianza de Barrios y ligado a la corriente perredista de los Chuchos. La obra fue bautizada como La Hacienda, se utilizó como salón de fiestas y, según la voz de vecinos, como punto de distribución de droga y alcohol hasta finales de agosto de 2012, cuando derivó en un sangriento choque entre ganaderos e invasores, con un saldo de 20 heridos y 11 detenidos.

En medio de las discordias de poder, la Dirección de Patrimonio Inmobiliario de la ciudad asignó el terreno a la delegación Iztapalapa para destinarlo como panteón hasta el 9 de noviembre de 2015. Pero la administración de Anguiano optó durante meses por la indiferencia…

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