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Agencias
Publicado el domingo, 19 de junio del 2016 a las 14:03
Ciudad de México/Culiacán.- Expertos en seguridad nacional advirtieron en Sinaloa un reacomodo entre grupos criminales para definir liderazgos.
“¿Quién se mete a la tierra de (Joaquín Guzmán) ‘El Chapo’? ¿Quién conoce esos territorios de la montaña? ¿Quién sabe dónde está la familia de Guzmán Loera? ¿Quién sabe a quiénes enfrentar? Pues gente del propio cártel, gente que conoce al cártel o que es apoyado por alguien de ese cártel”, advirtió un general en activo y desplegado en Jalisco.
Dos expertos en materia de seguridad nacional, aseguraron que el cártel de Sinaloa atraviesa por una falta real de liderazgo, y que no está controlando a sus grupos internos, incluidos a familiares de “El Chapo”.
“Para haber entrado a Badiraguato, donde sólo existe la gente de ‘El Chapo’, donde no se permite entrar a ningún extraño, tuvo que haber sido gente de ‘El Chapo’, que finalmente se pasó a otra familia de delincuentes, dijo Guillermo Garduño, académico de la UAM e investigador sobre temas de seguridad nacional.
“Es una lucha por lo que dejó ‘El Chapo’. En el ámbito de las mafias el atacar a una familia, en este caso a la madre de Guzmán Loera, está contra todos los códigos que se puedan imaginar, porque entonces esto significa que ya se inició una guerra”, alertó.
“Vamos a ver una serie de problemas como una guerra interna, una guerra entre organizaciones y un involucramiento cada vez mayor de la autoridad que no puede controlar ni dominar esa situación”, añadió Garduño.
Para Ghaleb Krame, analista en temas de seguridad nacional y pública, los ataques en Badiraguato tienen que ver con una pugna interna por el control de la organización de “El Chapo”.
“‘El Chapo’ tiene muchos lugartenientes que ahora quieren ascender”, opinó.
Pueblos fantasma
Los hechos violentos que se registraron en la zona serrana del municipio de Badiraguato han provocado el desplazamiento de familias enteras, quienes en busca de protegerse han avanzaron hacia la cabecera municipal y otros municipios.
La situación derivó en que las comunidades de La Tuna, La Palma y Arroyo Seco se queden completamente vacías.
En estos lugares sólo se observa la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina Armada de México, quienes instalaron un campamento provisional para evitar saqueos y el ingreso de nuevos grupos armados.
Tras recorrer un camino complicado que dura al menos seis horas, desde Culiacán hasta La Tuna, las comunidades, incluida la tierra del líder del cártel del Pacífico, Joaquín Guzmán Loera, se han convertido en pueblos fantasma.
La última comunidad habitada es Huixopa y a partir de ese punto sólo se observa la presencia de las autoridades, en la Alcaldía de Badiraguato estiman 280 familias desplazadas. El primer retén militar se ubica en la entrada de La Tuna, y un segundo puesto de control está en la salida de ese mismo poblado, pero no existe tráfico de vehículos o rastros de personas.
Entre decenas de casas vacías, únicamente se escucha a algunas vacas, caballos y gallinas que fueron dejadas a su suerte en los corrales, así como perros sueltos por las calles empedradas.
Incluso la casa de doña Consuelo, madre de “El Chapo”, también quedó vacía; la puerta se encuentra cerrada y se descarta cualquier impacto o irrupción de grupos armados en ésta.
Aunque ahora el silencio impera, antes de salir del pueblo queda como evidencia de la violencia una casa devastada por un incendio, junto con cinco camionetas que fueron impactadas por varias balas que atravesaron cristales y carrocería.
La vivienda fue consumida por las llamas, el techo se vino abajo y todo dentro del inmueble quedó reducido a cenizas, pero además en la fachada se aprecian algunos impactos de bala aparentemente de armas de grueso calibre.
En todas estas comunidades las clases fueron suspendidas desde el lunes pasado, por temor a enfrentamientos de grupos delincuenciales.
Garantías sociales
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa, emitió medidas cautelares para proteger a las familias que abandonaron sus viviendas en la sierra de Badiraguato.
El ombudsman José Carlos Álvarez Ortega exigió al Gobierno de esa localidad, y del Estado, a brindar garantías en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento a los desplazados.
“Es necesaria la intervención e implementación de acciones urgentes para proteger los derechos humanos de aquellas personas víctimas de actos violentos que ocasionan que tengan que dejar sus hogares y emigrar en busca de un lugar seguro para vivir”, indicó.
Entre las medidas solicitadas por el organismo está la realización de medidas para garantizar la seguridad y bienestar de las personas desplazadas por dichos hechos, así como de los demás habitantes del municipio.
La mayoría de las personas se ha resguardado con familiares y amigos que tienen sus domicilios en otras comunidades de ese municipio, o en la ciudad de Culiacán. “Es increíble que se puedan mover 100 personas armadas (de un comando que esta semana incursionó en varias comunidades), y desplegarse sin ninguna interferencia de parte de la autoridad”, dijo el panista.
“El tipo de despliegue que tiene el crimen organizado en Sinaloa deja en evidencia la impunidad con la que se puede operar ahí y exhibe la falta de eficacia de las corporaciones municipales, estatal y federal.
“Ningún grupo criminal se puede desplegar de esa manera sin la protección de la autoridad”.
Para el diputado Ramos Hernández, exalcalde de Tijuana, la violencia en Sinaloa no ha tocado fondo y puede seguir degenerando si no se limpian las corporaciones policiacas. El subprocurador de Justicia estatal, Martín Robles Armenta, reconoció que hay una disputa entre grupos criminales por el cultivo de drogas y el control de la zona para llevar a cabo actividades ilícitas.
Esta lucha incluiría a los remanentes de los Beltrán Leyva.
La sierra de Badiraguato es productora de mariguana y goma de opio del cártel de Sinaloa y conexión hacia EU.

El silencio ‘se escucha’
Ven complicidad
La violencia en Sinaloa evidencia la complicidad de las autoridades, opinó el presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, Jorge Ramos Hernández.
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