México.- El Estado tiene la exigencia de proteger la vida y la integridad de los individuos, si bien debe respetar la autonomía de la conciencia individual; pero “no es una actitud ética tratar de compensar una injusticia con otra” como sucede con el aborto, declaró el obispo Rodrigo Aguilar.

“Los poderes públicos deben intervenir positivamente en la defensa de la vida y la dignidad del hombre en todos los periodos de su existencia, con independencia de las circunstancias de cada cual”, subrayó.

El presidente de la Comisión Familia, Juventud, Adolescentes, Laicos y Vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano alertó, en un comunicado, que legalizar los abortos no ayuda a desaparecer esa práctica, sino a que aumente su número.

“El efecto multiplicador de la legalización del aborto se debe a que la opinión pública general ve como bueno lo que se despenaliza, y cada vez se trivializa más en las conciencias la decisión” de interrumpir el embarazo, expuso.

Respecto a la ley en materia de aborto provocado en caso de violación, el también obispo de Tehuacán dijo que “viene a consentir una injustísima muerte de inocentes cuyas motivaciones principales son la comodidad, la ignorancia, la soledad y la desinformación”.

“Se quiere transmitir la sensación de que se remedia un acto de salvajismo -como es toda violación-, aunque en realidad el aborto no remedia nada, ya que la violación no puede dejar de haber existido, y el hijo fruto de la violación es completamente inocente”, recalcó.

Monseñor Aguilar Martínez argumentó que los valores básicos y esenciales, como la vida del ser humano y su dignidad, son previos, independientes y superiores a las determinaciones de las mayorías; por eso las iniciativas legales no deben guiarse por sus opiniones.

En ese sentido insistió que el Estado está obligado a favorecer la vida de las personas y su dignidad, así como ayudar a resolver los problemas sociales que están en el fondo de la “decisión o la tentación” de abortar.

Entre ellas, ejemplificó, con apoyos a la maternidad, el favorecimiento de la adopción, la creación de un marco de costumbres públicas que favorezcan la vida y la vida digna, “buscando el ideal de que no sea necesario aplicar las penas del delito porque las medidas positivas sean más eficaces”.