Multimedios | Monterrey, Nuevo León.- En un hecho sin precedentes y por primera vez en la historia, ex funcionarios de primero y segundo nivel del municipio de Monterrey quedaron vinculados a proceso, entre ellos, la ex alcaldesa Margarita Alicia Arellanes Cervantes, pero sólo tendrá que enfrentar uno de los dos delitos que le atribuían, por deficiencia de la Subprocuraduría Anticorrupción, donde le integran la investigación.

Arellanes Cervantes y cinco de sus ex colaboradores, Irasema Arriaga Belmón, Jesús Guadalupe Hurtado Rodríguez, Julián Hernández Santillán, Alejandra Rodríguez Guerra y José Francisco de la Cruz Suárez, fueron considerados probables responsables del delito de ejercicio abusivo de funciones públicas.

En la resolución que acaba de emitir la juez de control, Patricia Gutiérrez Ramírez, ellos quedaron exonerados del delito de ejercicio indebido de funciones públicas.

La juzgadora argumentó que la fiscalía les violentó sus derechos al confundir las características de los dos delitos que en un principio les atribuía.

En la misma determinación, la funcionaria del Poder Judicial decretó auto de vinculación a proceso en contra de los ex integrantes de la comisión de adquisición del municipio de Monterrey, David Rex Ochoa Peréz, Arturo Pecina Cruz, Luis Ángel Torres Garza y Aldo Ariel Cepeda López, a quienes consideró probables responsables del delito indebido de funciones públicas por haber aprobado la contratación del servicio del abogado Roberto Martínez Rodríguez, erogando un pago de ocho millones 207 mil 546 pesos por sus servicios.

Antes de concluir la audiencia que se prolongó ocho horas, la fiscalía solicitó que les impusiera la medida precautoria de no salir del estado y del país, y a presentarse a plasmar su huella periódicamente. Sin embargo, todos los imputados y sus defensores argumentaron que la no salida del país era una medida excesiva y todos alegaron tener arraigo domicliario en la entidad, y estar dispuestos a presentarse voluntariamente, como lo han hecho, desde que se enteraron de la denuncia.

Al escuchar todos los argumentos de los 10 imputados, la juzgadora advirtió que la fiscalía no acreditó que los imputados tuvieran la voluntad de evadir la acción de la justicia, por ende, solo les impuso la medida de presentarse de plasmar su huella una vez al mes el día que ellos eligieran.

También dio a la agente del Ministerio Público un mes de plazo de investigación que les sigue de los mencionados delitos, que de acuerdo a la denuncia ocurrieron el 20 de octubre, el año pasado, cuando aprobaron y formaron el contrato de los servicios del litigante.

CH