Ciudad de México.- Por considerar que los gobernadores priistas de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, impulsaron nombramientos y leyes “a modo” para el combate a la corrupción en sus entidades, la PGR presentó acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

En las controversias interpuestas –que fueron ordenadas por el presidente Enrique Peña– se argumenta que los decretos planteados por los mandatarios son contrarios a los principios del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

“El Constituyente Permanente aprobó un marco jurídico robusto e innovador que recoge las mejores prácticas internacionales para prevenir y castigar la corrupción, y uno de los propósitos es que no haya cabida para legislaciones locales “a modo”.

“Ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de Gobierno en el que se de-sempeñe, puede estar al margen de la ley”, advirtió el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, al dar a conocer la controversia promovida este lunes.

Impugnan blindajes para Duarte y Borge

Las reformas aprobadas por los congresos de Quintana Roo y Veracruz para “blindar” las administraciones de los aún gobernadores Roberto Borge Angulo y Javier Duarte de Ochoa, respectivamente, podrían venirse abajo.

Ya que, por “instrucción” del presidente Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos acciones de inconstitucionalidad contra ambos congresos locales y los mismos mandatarios por las normas avaladas en días anteriores que, según su versión, se consideran “violatorias” de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.

De acuerdo con la oposición a los priistas Borge y Duarte, ambos mandatarios estatales buscaron hacer reformas en las fiscalías generales de las entidades, así como nombrar funcionarios afines en puestos claves para “blindar” sus administraciones una vez que termine su periodo de gobierno.

Este lunes, el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, y el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval, informaron en conferencia en Los Pinos que, por instrucciones del presidente Peña Nieto, la PGR presentó ambas acciones de inconstitucionalidad porque “ninguna institución ni ningún servidor público de cualquier nivel de Gobierno puede estar al margen de la ley”. Agregaron que “es conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice tales reformas, toda vez que ante la falta de competencia de los congresos de las entidades federativas mencionadas, se generará, en perjuicio del propio Sistema Nacional Anticorrupción, una inseguridad jurídica que pondría en duda las reglas de dicho Sistema”.

Los funcionarios argumentaron que Quintana Roo y Veracruz carecen de facultades para crear sus “sistemas locales anticorrupción” sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes y, con ello, tampoco pueden nombrar a funcionarios en esa materia.

Con tal medida, agregaron, la Corte deberá revisar las disposiciones y normas aprobadas recientemente por congresos de Quinta Roo y Veracruz “para que no haya cabida a leyes locales a modo”.

LM