Ciudad de México.- Imagina que tienes una empresa con bienes inmuebles en Quintana Roo y un día aparece una orden de embargo o te congelan tus cuentas en el banco. Tú no sabes por qué pasa eso, pero desalojan el inmobiliario (esté quien esté) y tú preguntas por qué y te dicen que es por una demanda laboral, de un trabajador que no conoces.

Ahora imagina que tú, como ciudadano responsable, pagas tus impuestos y de ese dinero -que todos pagamos- un gobernador estatal contrata por 18 mil millones de pesos a diversas empresas, sólo que las compañías no tienen una dirección física ni tienen trabajadores, ni mucho menos productos que venderles. De hecho, una vez que tienen el dinero, cierran.

Estos dos casos ocurrieron recientemente en los estados de Quintana Roo y Veracruz, respectivamente, y los gobernadores de dichas entidades tendrán que enfrentar las consecuencias que el presidente Enrique Peña Nieto dictó ante la PGR y la SCJN.

AL MÁS ALTO NIVEL

Este lunes 11 de julio, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad contra los congresos de Quintana Roo y Veracruz por órdenes de Peña Nieto (PRI). Esto significa que las leyes que buscaban aprobar para blindarse ante cualquier investigación que se les hiciera en un futuro a los actuales gobernadores o a parte de su Gabinete, no pueden pasar porque hay leyes federales sobre el tema que deben publicarse antes que en cualquier estado o irían en contra de la Constitución.

Esto, luego de que, casualmente, el Gobernador de Veracruz (PRI), Javier Duarte de Ochoa y el de Quintana Roo, también del PRI, Roberto Borge, impulsaran reformas locales en materia anticorrupción (como blindaje), lo cual es inconstitucional pues aún no se publica la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ni la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Pero, ¿en qué consistían estos blindajes ‘anticorrupción’? Básicamente, tanto Duarte como Borge, se encargarían de que el próximo año, cuando entren los nuevos gobernadores electos, no realicen acciones legales en su contra.

En ambas entidades, las nuevas administraciones comenzarán en 2017 y los políticos electos son de bancadas de partidos opositores: Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

MODO DE OPERAR

Mientras la sociedad intenta llevar algo de dinero para la casa en este tiempo de crisis, el gobernador Javier Duarte se prepara para salir de Veracruz con unos miles de millones en distintas cuentas bancarias, y soltando comentarios por Twitter contra el excandidato a Gobernador del estado, Héctor Yunes.

Todo empieza así: el Gobierno de Veracruz seleccionaba a promotores del voto por el PRI para firmar unos documentos que se terminarían utilizando para la creación de empresas con domicilios falsos, reportó Animal Político el pasado 24 de mayo de 2016 en una investigación periodística.

Luego, las empresas fueron designadas como proveedoras del Gobierno de supuestos artículos como pañales y cemento, sin tener que pasar por concursos públicos. El Gobierno hace una constante compra de los productos a estas empresas, pero nunca se conoce el destino final de ellos. Posteriormente las empresas cierran. De 2012 a 2013, se hicieron operaciones similares que avalaban funcionarios del Gabinete.

El diario en línea encontró también que las empresas tienen algunas características en común: se fundaron al empezar el sexenio de Javier Duarte y cerraron luego de conseguir el contrato; algunas tienen socios relacionados entre sí.

Por lo menos 12 compañías se registraron con dos direcciones de correo electrónico y 11 se ubican en un mismo barrio. Las que tienen dirección fiscal física, se encontrarían en panaderías, herrerías, vecindades y lotes baldíos.

Quienes viven ahí aseguraron que no tienen una empresa y nunca vieron un contrato millonario. Estas empresas fantasma habrían vendido al Gobierno productos cuyo destino supuestamente- era distribuirse a la población, pero esto nunca se constató ya que no hay ni un comprobante de entregas.

Luego continuó con lo que él creyó era crear leyes justas, sin embargo se trataba de “blindarse”, buscando que su sucesor en la Gubernatura no pudiera ejercer acciones legales en su contra por los desvíos millonarios cometidos durante su sexenio.

MILLONES POR DESPOJOS

Durante el mandato de Roberto Borge en Quintana Roo, ocurrieron desalojos en hoteles para quitarles sus pertenencias a los empresarios, particulares y a ejidatarios, con el argumento de que todo era legal.

Claro, todo puede ser legal cuando mandas a hacer las leyes con tus amigos y compadres funcionarios. Luego de quitarles sus pertenencias, estas eran vendidas a la mitad del precio.

Expansión y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dieron a conocer en una investigación titulada Los Piratas de Borge: El Saqueo de Bienes Institucionalizado en Quintana Roo, varios casos en los que, tras varios juicios laborales, civiles y mercantiles amañados, quitaban a los empresarios sus pertenencias.

Sin embargo, los dueños no conocían de ningún juicio por lo que no podían probar que estuvieran al tanto y menos defenderse, puesto que las demandas las registraban contra las compañías con domicilios inexistentes y las notificaciones supuestamente nunca llegaban.

Así, incluso inversionistas extranjeros fueron desalojados, por lo que las embajadas de Francia, Italia, Portugal y de los Países Bajos en México reclamaron los despojos.

¿APOYO DE LA PRESIDENCIA?

Por su parte, la secretaria general y encargada de Despacho del PRD, Beatriz Mojica, se refirió a este acto de inconstitucionalidad como una cortina de humo. Es decir, no cree que vaya a tener repercusiones reales, considerando que los políticos son del mismo partido político que el Presidente y que en algún momento de su campaña para la Presidencia los apoyó con fervor.

“Es una descalificación a la legislación, lo que vemos es que es ‘pirotécnica pura’ porque siguen leyes que dañan la democracia en estos estados”, explicó Mojica.

LM