Ciudad de México.- El juicio que se le sigue en la Corte de San Antonio, Texas, al exjefe de plaza del hampa en Piedras Negras, Marciano Millán Vázquez, al que se le fincaron al menos 10 cargos por homicidio y tráfico de drogas, entró en su recta final, al iniciar hoy los alegatos de la defensa y del fiscal.

Los testimonios rendidos por varios testigos de la Fiscalía señalan presunta complicidad y conocimiento tanto de la operación del crimen organizado, como de las masacres en Allende y el Penal de Piedras Negras a titulares de la anterior y actual Administración estatal.

Ante esto, autoridades tanto administrativas como del Poder Legislativo cerraron filas demeritando la calidad moral de los testigos y descalificando señalamientos puntuales.

El secretario general de Gobierno, Víctor Zamora, aseguró que los dichos de testigos son barbaridades y mentiras, mientras que el diputado federal Armando Luna Canales afirma que los declarantes carecen de solvencia moral.

En el mismo sentido, el procurador texano Ken Paxton había calificado de fantasías las declaraciones del testigo Rodrigo Uribe Tapia, que afirmó que se habían entregado 4 millones de dólares a Vicente Chaires para el exgobernador Humberto Moreira.

Juicio en Texas se acerca a su fin

Los argumentos de apertura en el caso que sigue la Corte en San Antonio, Texas, en contra del presunto narcotraficante Marciano Millán Vasquez, se darán la mañana de este martes, marcando el inicio de la última semana en torno al juicio.

Ayer, de acuerdo a información del San Antonio Express News, se dio por finalizada la presentación de testimonios. El último fue el de un vecino de Millán, en Piedras Negras.

El Express News no brindó la identidad de algunos de los testigos en el caso, a petición del juez y de los abogados, debido a motivos de seguridad de los mismos.

Las últimass personas en testificar sobre Millán, quien está acusado de 10 cargos, incluyendo conspiración para el tráfico de drogas y asesinato, se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable, lo describieron como “un ranchero común y dueño de una tienda en la ciudad de Piedras Negras”.

Millán Vázquez y su esposa atendían una pequeña tienda cerca de unos campos de beisbol, dijo una mujer, que también declaró que su propiedad se ubica muy cerca de la que tenía la familia Millán.

“Lo conozco como un hombre respetuoso y honesto, veraz en nuestras transacciones comerciales”, expresó.

Jaime Cavazos, abogado defensor, dijo a los miembros del jurado que Millán Vázquez vivía en Estados Unidos, donde fue detenido hace un año, para escapar de la Marina, cuyos elementos, dijo, habían acusado falsamente a su cliente de trabajar para la delincuencia organizada.

Después se extendieron rumores de que Millán Vázquez les ha dado información sobre el grupo delictivo, poniendo en peligro su vida.

Cavazos enfatizó en la Corte de San Antonio que Millán fue exonerado de tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas, por un juez en Sonora.

Recurso del fiscal

Lo anterior llevó al asistente del fiscal de Estados Unidos, Russell Leachman, a dirigir a los miembros del jurado a través “de un juego de seis grados de separación”. Testigos habían señalado que Millán Vázquez fue la mano derecha de Daniel Sierra Menera, otro traficante acusado.

Ambos son originarios de Michoacán, pero los testigos aseguraron que trabajaban con la delincuencia en Piedras Negras.

Las autoridades mexicanas detuvieron a Menera el año pasado junto con Octavio Gómez, dijo Leachman. Gómez está casado con la esposa de Menera, dijo, y bajo interrogatorio, el abogado reconoció que el hijo de Gómez era un testigo importante en el juicio de Millán Vázquez en México.

Según el abogado, existe un video cuyo contenido el juez Xavier Rodríguez le dijo que no compartiría con el jurado, pero fue la pieza clave de prueba de descargo.

Son ‘barbaridades’

Las cosas se toman de quien vienen, lo que sí es que están diciendo una serie de barbaridades que no son ciertas, que no coinciden en fechas siquiera, pero vamos a esperar los resultados (de la Corte Federal en Texas), declaró el secretario de Gobierno de Coahuila, Víctor Zamora Rodríguez, con respecto al involucramiento de exfuncionarios y funcionario del Gobierno del Estado con la delincuencia organizada.

Dijo que en Coahuila, antes que en Estados Unidos, el actual Gobierno estatal abrió una investigación para el escalarecimiento de los desaparecidos, y continúa abierta la averiguación.

Hizo hincapié en que como resultado se ha tenido la detención de algunos responsables de los hechos, mientras que a otros se les sigue buscando.

Sin solvencia moral

“No tienen solvencia moral”, así se expresó el diputado federal Armando Luna Canales, sobre los testigos protegidos que declaran en la Corte Federal de San Antonio, sobre el caso de los desaparecidos en Allende y Piedras Negras.

“Los testimonios son el dicho de una persona, habrá que corroborar en base a qué tuvo conocimiento; no es lo mismo alguien que vio algo a alguien que le contaron”, expresó.

Agregó que “pondría con pinzas” los dichos de los testigos, y apuntó que duda que un jurado le dé valor a sus testimonios.

Denuncia Guadiana papel de la autoridad

El empresario Armando Guadiana Tijerina, quien demandó al Gobierno de Coahuila ante la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad, aseguró que en la masacre de más de 300 personas en Allende y en el Penal de Piedras Negras, ocurrida en 2011, hubo un “encubrimiento” de las autoridades.

“No queremos que quede impune” ese hecho, señaló.

Sostuvo que en marzo de 2011 murieron más de 300 personas en Coahuila y no se tuvo la misma reacción que con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. “¿Qué quiere decir? Que hay un encubrimiento”, subrayó el empresario en entrevista matutina con Radio Fórmula.

Señaló que el Penal de Piedras Negras está a cargo del Gobierno del Estado, y al parecer, dijo, “hay funcionarios que fueron complacientes para la realización de esto (la masacre), pues a la cárcel sólo deben ingresar personas con una orden expedida por un juez”.

De acuerdo con el empresario coahuilense, él y su apoderado legal, Reyes Flores Hurtado, optaron por ir a la Corte Internacional de La Haya, porque ni el Estado de Coahuila ni la Federación han actuado para esclarecer el tema.

“La gente que está detenida, está detenida en el extranjero”, y sólo se trata de los “ejecutores”.

En el documento entregado ante el fiscal la Corte Penal de La Haya, el 13 de julio, Guadiana expone “la falta de acciones por parte del Gobierno coahuilense para evitar los daños ocasionados a la población del municipio de Allende, Coahuila”.

Habla de lavado

Ayer, Guadiana Tijerina también habló del exgobernador Humberto Moreira –ya líder del PRI cuando sucedieron los hechos–, y dijo que durante su administración este realizó “un saqueo preparado de varios millones de pesos” a través de la empresa Leman Trade, propiedad “del mismo propietario principal de Ficrea,”.

“O es un fraude, o es la preparación de lavado de dinero, que es la acusación que interpusimos”.

LM