Ciudad de México.- En una nueva muestra de preocupación por la situación de los derechos humanos en México, una comisión del Senado de EU ha supeditado parte de la ayuda económica de su Gobierno a nuestro país, tras el nulo avance de la justicia en dos de los casos más relevantes en los últimos años: Tlatlaya, y Ayotzinapa.

El Comité de Apropiaciones del Senado condiciona el 25% de la ayuda a las Fuerzas Armadas mexicanas al desarollo de las investigaciones de dichos sucesos.

En el primer caso, 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento con soldados en junio de 2014. La justicia mexicana acusa a varios de los soldados de asesinar a ocho de los 22. En el segundo, el comité emplaza al Gobierno a “cooperar plenamente” con la CIDH, que comisionó a un grupo de expertos para que revisara la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en septiembre de 2014.

“Es simbólico, un toque de atención al Gobierno de México y un aviso de que los militares no están para patrullar las calles”, ha dicho Maureen Meyer, asociada de la ONG Wola en Washington. Es simbólico porque el monto cuestionado es la cuarta parte de una cantidad pequeña, apenas 3 millones de dólares. La importancia del asunto radica en la insistencia de las instituciones estadunidenses en el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas.

Ya el año pasado, el Departamento de Estado recortó un 15% las ayudas de la Iniciativa Mérida por el mismo motivo. Tampoco era una cantidad enorme, en torno a 5 millones de dólares de los más de 2 mil que ha invertido desde 2008. La lectura, igual que ahora, era de carácter simbólico.

MARCHAN PADRES

Tras una marcha en conmemoración de los 22 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, sus familiares instalaron un templete en los carriles centrales de Paseo de la Reforma para realizar un mitin y luego un acto artístico.

La marcha, además, se dio un día antes de que las víctimas y los representantes del Estado mexicano sostengan audiencias ante el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para definir el mecanismo de seguimiento para el caso Iguala.

LM