Nueva York.- Criminales se están haciendo pasar por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para timar a indocumentados en medio de la tensión por las redadas antiinmigrantes.

La oficina de la Fiscalía General de Nueva York emitió este miércoles una alerta de fraude urgente para advertir sobre el esquema en el que estafadores que pretenden ser agentes de “La Migra” les piden dinero a las víctimas para evitar la deportación.

El número de denuncias por este tipo de estafas ha aumentado tras los operativos de los últimos días ligados a las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump que buscan limitar la presencia de extranjeros en Estados Unidos.

La Fiscalía dio como ejemplo el caso de un inmigrante que reside en Queens, quien fue abordado por cuatro hombres vestidos como agentes de ICE. Los estafadores le dijeron al individuo que iba a ser detenido si no les daba todo su dinero.

Además, la Fiscalía General ha recibido informes de llamadas no solicitadas y consultas en persona de falsos funcionarios de inmigración.

“Es inadmisible que estafadores se aprovechen del gran temor en nuestras comunidades de inmigrantes fingiendo ser oficiales de ICE y exigiendo que las familias paguen para evitar la deportación”, dijo el fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, en un comunicado.

TIPOS DE FRAUDE MÁS COMUNES

Ser abordado por agentes falsos ICE

Los agentes oficiales de Inmigración y Aduanas nunca le pedirán dinero ni amenazarán con la detención o deportación si no les paga. Los agentes tampoco pueden entrar en su hogar sin una orden firmada por un juez.

Llamadas no solicitadas de funcionarios falsos

Una de las estafas más comunes son llamadas no solicitadas o mensajes de texto de alguien que dice ser un funcionario del gobierno o un oficial de la ley que amenaza con deportar a la víctima. Muchas veces, el número en el identificador de llamadas puede parecer un número de gobierno legítimo. Para no caer en la trampa, debe considerar que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y ICE nunca solicitarán pagos por teléfono e información personal.

Fraude de Notario

En muchos países latinoamericanos, un “notario” se refiere a alguien que tiene la autoridad para prestar servicios legales. Pero en Estados Unidos es distinto. Hay muchos “notarios” que no son abogados y explotan a los inmigrantes con el cobro excesivos por solicitudes que nunca envían a autoridades de inmigración o mediante la presentación de solicitudes de alivio para las cuales la persona no es elegible o no solicitó. Lo anterior puede conducir a una deportación.

Falsas de credenciales legales

Las personas pueden declarar falsamente ser abogados o sugerir equivocadamente que son capaces de comparecer ante las agencias de inmigración o tribunal, mediante el cobro de honorarios exorbitantes por sus servicios. Los inmigrantes que confían en estas personas pueden renunciar a su derecho a obtener residencia legal, ser deportados innecesariamente o ser sujetos a responsabilidad civil y / o penal por la presentación de reclamaciones falsas.

Promesas fraudulentas para acelerar el proceso

Este tipo de fraude está relacionado con personas que aseguran conocer a los empleados en las oficinas de inmigración y prometen acelerar el procesamiento de las solicitudes de sus clientes. Como resultado, solicitan altas tarifas por este servicio especial, pero no lo proporcionan.

Fraude de desinformación

Este fraude ocurre cuando un proveedor proporcionará información inexacta o falsa al inmigrante sobre su elegibilidad para un ajuste de estatus bajo una ley particular. En estos casos, el inmigrante generalmente desconoce que ha sido víctima de fraude hasta que reciba una carta de inelegibilidad de las autoridades de inmigración.

Fraude de Afinidad de Inmigración

Algunos proveedores se dirigen a inmigrantes pertenecientes a su mismo grupo étnico o racial para obtener ventaja sobre otros proveedores al afirmar que se identifican con el origen de la víctima.

Práctica no autorizada de la ley

Los individuos no pueden ser licenciados para practicar la ley, pero se presentan como abogados o expertos en derecho de inmigración capaces de proporcionar asesoramiento y servicios jurídicos.