Quintana Roo.- Tras la extradición de Roberto Borge Angulo a México, representantes de diversos sectores de la sociedad quintanarroense han manifestado que el exgobernador no goce de privilegios durante su proceso, que se restituyan los recursos al erario y que se le determine una pena corporal como parte del castigo por el desfalco millonario del que el Estado fue objeto.

Entre los temas recurrentes está el de las ventas irregulares de terrenos a familiares y amigos del exgobernador, vía el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de Quintana Roo (IPAE), a través del cual se habrían vendido al menos 22 predios a precios muy inferiores a su valor real en el mercado.

Por esa razón, la actual administración estatal denunció a Roberto Borge ante la Procuraduría General de la República (PGR) y ante la propia Fiscalía General de Quintana Roo, pues los ingresos por más de nueve mil hectáreas que se ubican en siete municipios del Estado, resultaban absurdos.

De acuerdo con información del Gobierno de Quintana Roo, los predios se vendieron en aproximadamente 240 millones de pesos, cuando su valor real rebasaba los mil 138 millones de pesos.

Las ventas contemplan 7 por ciento de la reserva territorial de Bacalar; 10 por ciento de Felipe Carrillo Puerto; 2 por ciento de Tulum; 23 por ciento de Cozumel; 36 por ciento de Benito Juárez; 52 por ciento en Solidaridad y 60 por ciento en Puerto Morelos.

Entre lo documentado en la denuncia se encuentran dos terrenos ubicados en Cozumel que habrían sido adjudicados a la madre del exgobernador, uno de 44 mil 421 metros cuadrados, colindante con el mar y otro de 4 mil 432 metros cuadrados también en una zona privilegiada, junto al mar.

Además está pendiente la determinación del estatus de 25 inmuebles asegurados en febrero de 2017 por la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), cuyas enajenaciones irregulares, realizadas en la administración de Roberto Borge, dieron pie a que se decretara su aseguramiento.

Específicamente la Procuraduría indicó que se consideran objeto o producto del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.