MVS Noticias | Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 75/2017, dirigida al director general del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, por la inadecuada atención médica hacia una mujer de origen mixteco en la Clínica Hospital de ese Instituto en Ensenada, Baja California, que provocó el fallecimiento de un recién nacido; y al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán por la falta de diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

La derechohabiente acudió a la Unidad de Medicina Familiar Número 3 en San Quintín, Baja California, al presentar dolores de parto, donde los médicos la valoraron y ordenaron llevarla a otro hospital en el municipio de Ensenada. Durante el traslado en la ambulancia se intensificaron los dolores, presentó sangrado y expulsión de heces fecales. Al solicitar apoyo para asearse, el personal de enfermería que la acompañaba, sólo le proporcionó una bata para tal efecto, por lo que, al llegar al hospital, dio a luz sin que hubiera condiciones óptimas para el alumbramiento.

Tras su investigación, la CNDH acreditó que el enfermero que acompañó a la agraviada en la ambulancia incurrió en violencia obstétrica, ya que no le realizó aseo de la región perineal y en la cara interna de los muslos para que el producto no se contaminara con las heces fecales de la madre, lo que originó que el recién nacido desarrollara un proceso infeccioso denominado “Sepsis Neonatal Temprana”, que derivó en su fallecimiento.

Por lo anterior, la CNDH solicitó al director del ISSSTE reparar el daño a las víctimas, que incluya compensación, atención médica, psicológica y tanatológica; colaborar con el organismo en la presentación y seguimiento de la queja ante el Órgano Interno de Control contra los servidores públicos responsables, así como en la denuncia de hechos que formule ante la PGR contra el personal médico y de enfermería, por las omisiones durante la atención médica.

A la PGR le solicitó continuar con la investigación de los hechos; dar trámite a la queja administrativa que se promueva ante la Visitaduría General, respecto de los servidores públicos involucrados y capacitar al personal ministerial y pericial a en materia de derechos humanos.