MVS Noticias | Ciudad de México.- El Congreso de la Unión volvió a registrar anomalías y opacidad en el uso de los recursos que los propios legisladores se asignaron en el 2016.

En la revisión de la gestión financiera del 2016, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó opacidad y limitada transparencia en la rendición de cuentas de las Cámara de Diputados y de Senadores en rubros como subvenciones y otros conceptos relacionados con actividades legislativas por un monto de 2 mil 632 millones de pesos.

En el Senado, los congresistas no aclararon ni justificaron el uso de mil 016 millones de pesos en “Asignaciones a los Grupos Parlamentarios”.

En sus conclusiones, el órgano fiscalizador recalcó que ni diputados ni senadores entregaron la información necesaria que permitiera comprobar que sus gastos fueron “razonables” o que correspondieron a la realización de trabajos legislativos.

En particular en San Lázaro, la Auditoría indicó que en 2016, se asignaron los mil 691 millones de pesos referidos a las partidas 3991, de “Asignaciones para el cumplimiento de la labor legislativa; y 4390 de “Otros Subsidios y Subvenciones”, equivalentes al 22 por ciento del gasto total del 2016.

Aunque se solicitó a los diputados entregar documentos para justificar la erogación, no entregaron la documentación que compruebe la aplicación de los recursos en cuestión.

Por lo tanto, no se pudo evaluar la razonabilidad del gasto ni comprobar que su destino fueran los trabajos legislativos, agregó la Auditoría.

“Por lo anterior, persiste una limitada rendición de cuentas en el ejercicio de recursos por concepto de ‘Subvenciones’ y otros conceptos relacionados con actividades legislativas”, indicó la ASF.

No atinan a justificar gastos

La falta de transparencia se repite no solo en el rubro de Subvenciones, sino en el de informes de actividades legislativas y apoyo a personal de gestión en los distritos, que representaron en 2016, más del 57 por ciento del total de los recursos usados en funciones legislativas, por lo que “persiste una limitada rendición de cuentas”.

Pese a que se implementaron mecanismos para la debida comprobación de gastos, en cumplimiento de lineamientos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se promovieron planes de austeridad y racionalización del gasto, los diputados justificaron su opacidad.

Respondieron a la Auditoría Superior que no tienen normas que regulen la comprobación del dinero entregado a los grupos parlamentarios para Informes de Actividades Legislativas y Apoyo a Personal de Gestión en los Distritos.

“No pudo comprobarse que dichos recursos se aplicaron para los fines a los cuales fueron otorgados y si estos están amparados con un Comprobante Fiscal Digita por Internet (CFDI) para ajustarse a las facilidades de comprobación establecidos”, indicó la ASF.

La recomendación de la Auditoría a los diputados es hacer lo necesario para que la Auditoría tenga acceso a los documentos que respalden la aplicación de los recursos otorgados a las fracciones parlamentarias y que se gastan en Subvenciones y otros conceptos asociados a la actividad legislativa.

El organismo fiscalizador recordó que, en 2016, los diputados gastaron un total de siete mil 554 millones de pesos, de los cuáles fueron auditados cuatro mil 762 millones de pesos.

En el caso del Senado, la Auditoría encontró que su presupuesto original, de cuatro mil 421 millones de pesos, tuvo ampliaciones por más de 52 millones de pesos, por lo que se incrementó a cuatro mil 475 millones de pesos.

Determinó que esa cámara incumple con la Ley General de Transparencia, ya que su Programa de Reorganización Administrativa no prevé el tratamiento fiscal de los recursos entregados a los senadores para la realización de sus funciones.

Tampoco entregó la documentación que justifique el gasto de los recursos transferidos a los grupos parlamentarios, por lo que no se pudo comprobar si el dinero se usó en lo que debía, o en fines distintos.

Esto aunado a que los gastos ya se engloban en conceptos como “Asignaciones a los grupos parlamentarios”, lo que impide transparentar el destino de los montos; sin contar que aún no se cumple con la disposición de utilizar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.

Tampoco se aplica de manera adecuada y con oportunidad, la norma en materia de descuento a la dieta de los senadores por inasistencias injustificadas; y se retrasa la reintegración de recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

De igual modo, la Auditoría encontró que el gasto en Material de Apoyo Informativo, es decir el pago por abastecimiento y distribución de periódicos es irregular; al igual que el uso de las partidas para “Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades”.

La situación se repite en el caso del dinero destinado a la “Impresión y elaboración de material informativo”; y en los informes de soporte en cuanto a los viajes de trabajo legislativo nacionales e internacionales.

También hay anomalías en los “Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades”, que incluyen la compra de objetos de plata como llaveros y “árboles de la vida”, aunado a que los senadores no tienen ninguna norma que regule la compra y entrega de obsequios

Las auditorías reportaron que el Senado insiste en entregar contratos de adjudicación directa para la compra de bienes y servicios como vestuario y uniformes; productos alimenticios; material eléctrico y electrónico; artículos para construcción; refacciones; asesorías; y mobiliario, entre otros.

En 2016 los senadores gastaron casi 14 millones de pesos en esos rubros, y aunque presentaron documentación para comprobar la erogación, no lograron acreditar que se obtuvieran las mejores condiciones disponibles.

Tampoco justificaron ni informaron sobre el gasto de los recursos asignados para el funcionamiento de las comisiones y comités de trabajo.