Enfoque Noticias | Ciudad de México.- Al tratarse de un tema polémico, delicado y técnico, en esta ocasión solo desmentiremos y aclararemos algunas cuestiones surgidas a partir de la supuesta privatización del agua.

Y es que, durante el fin de semana, el sitio “Sin embargo” publicó una nota titulada “En medio de campañas, privatizan el agua”. El texto, firmado por Rubén Martín, señala que “mientras se concentra la mirada en las campañas electorales y en el mundial, el presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país, que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación”.

Aquí hay algo que en primer lugar, se tiene que aclarar: los 10 decretos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto no se “hicieron en lo oscurito”, se trató de un evento público, en presencia del presidente de World Wildlife Fund Carter Roberts, del titular de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra y el Secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano

Además, el evento se realizó el 5 de junio en el parque nacional desierto de los leones, antes del inicio del mundial, el 14 de junio.

Además, el presidente @EPN decretó 10 nuevas reservas de agua, que se suman a las tres primeras que ya teníamos.

Se trata de uno de los legados más importantes del @gobmx en la gestión del agua #DiaMundialDelMedioAmbiente pic.twitter.com/jmF4PVAdvK

— Rafael Pacchiano A. (@RafaelPacchiano) 5 de junio de 2018

El debate es -repetimos- muy técnico y legal como para tomar una postura, empecemos con aclarar qué es una veda. De acuerdo con el documento “vedas, reservas y reglamentos de aguas nacionales superficiales” de la comisión nacional del agua, se denomina “zona de veda” a “aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos”.

A grandes rasgos, se determinó que 300 cuencas hidrológicas —de las 756 que existen— ya no tengan el estatus de veda y que se conviertan en zonas de reserva.

La palabra mágica y que ha llevado a la controversia es “concesión”. Los decretos emitidos aseguran que la nación sigue siendo la propietaria del agua en el país. Su uso se concesiona. Las concesiones de uso de agua son habituales. Por ejemplo, cuando un municipio pequeño hace un acuerdo con la comisión nacional del agua para recibir suministro a cambio de pagar los impuestos correspondientes

¿No hay razones para preocuparnos?

Como ya quedó establecido, hay posturas técnicas muy encontradas por este tema. Especialmente entre expertos de ONGs. La World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza) trabajó por 10 años para encaminar el proyecto que fue firmado el pasado 5 de junio. Ellos sostienen que protege la mitad del agua superficial del país y beneficiará a 45 millones de personas (http://wwf.panda.org/) mientras que, la organización “agua para todos”, subraya que hay cosas que se deben de analizar más a fondo sobre estos decretos: como las organizaciones rurales e indígenas, así como el uso del fracking (http://aguaparatodos.org.mx/).