Buenos Aires.- Las masivas movilizaciones que hoy paralizarán a Buenos Aires forman parte de un nuevo capítulo de la crisis social que estalló hace cuatro meses ante los intentos del gobierno por aplicar un nuevo esquema impositivo para el campo.

En este tiempo, el conflicto provocó la renuncia del ex ministro de Economía, Martín Lousteu; cuatro huelgas agrarias, desabastecimiento de alimentos y energéticos, polarización social y el agotamiento ciudadano ante la incertidumbre.

También hubo aspectos positivos, porque se debatió una política agropecuaria en todos los sectores, el Congreso recuperó su peso como actor fundamental de un sistema democrático y a pesar de la tensión, no se registraron hechos violentos ni hubo represiones.

Sin embargo, el enfrentamiento político debilitó a la presidenta Cristina Fernández, quien asumió apenas en diciembre pasado y ha ocupado más de la mitad de su periodo de gobierno en tratar de resolver el pleito con las organizaciones agrarias.

Aun hoy, muchos se preguntan cómo fue posible que el gobierno anunciara el pasado 11 de marzo el aumento de las retenciones (impuestos) para la exportación de soja y girasol sin haber negociado antes con los productores.

La rueda de prensa en la que Lousteau explicó los cambios fiscales fue el puntapié inicial para que las principales organizaciones agrarias comenzaran una movilización que, cuatro meses después, logró modificaciones sustanciales.

El proyecto inicial establecía un aumento de retenciones del 35 al 44 por ciento para la soja y del 32 al 39 por ciento para el girasol, que se incrementarían aún más ante las fluctuaciones de los mercados internacionales de alimentos.

El aumento impositivo no diferenciaba a pequeños, medianos y grandes productores, por lo que eran afectados 74 mil 715 sojeros.

Por el contrario, el proyecto oficial que el sábado pasado votó la Cámara de Diputados en una histórica y maratónica sesión que duró 19 horas, establece que el esquema de retenciones sólo se aplicará a dos mil 817 grandes productores.

En el medio, la presidenta y los dirigentes tuvieron que pedirse mutuamente perdón en varias ocasiones ante los insultos que se lanzaban y que tensionaban más el clima social.

Pero ninguno de los dos bandos deja de gritar, porque los líderes agropecuarios insisten en el rechazo total a las retenciones, mientras el gobierno los acusa de “golpistas” y de querer evitar la redistribución de la riqueza en Argentina.

Por eso este martes medirán fuerzas en simultáneas movilizaciones con las que pretenden presionar a los senadores que mañana votarán a favor o en contra de las retenciones, aunque nadie cree que el conflicto vaya a terminar en el Congreso.