México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma penal que contempla sancionar con penas de cuatro a 15 años de cárcel a los funcionarios o personas que filtren información sobre seguridad que se encuentre clasificada.

La reforma busca sancionar situaciones como las recientemente denunciadas, respecto a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal que filtraron información a cárteles de la droga.

Asimismo se contempla penar con cárcel por 12 años y multas de hasta 500 días de salario mínimo a quien falsifique uniformes, divisas, credenciales de identificación o insignias de las fuerzas armadas o cualquier otra institución de seguridad pública.

Durante la sesión ordinaria en San Lázaro se aprobó, con 307 votos a favor, las reformas al Código Penal Federal que establecen sanciones de prisión de cuatro a ocho años y de 200 a 360 días de multa a los funcionarios o personas que incurran en esa práctica.

“Tratándose de documentos privados, la sanción será de cinco años de cárcel y de 180 a 360 días de multa”, precisa la reforma.

En entrevista la diputada Yadhira Tamayo Herrera, del PAN, destacó la importancia de esta reforma, ya que se prevé sancionar cualquier filtración o mal uso de información que puede beneficiar a la delincuencia o afectar a víctimas de delito.

La legisladora por Michoacán recordó que esta reforma es concordante con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que plantea sancionar con prisión y multa a quien haga mal uso de información clasificada en materia de seguridad.

Con las sanciones por la falsificación de uniformes, documentos e insignias de las fuerzas armadas y corporaciones policiacas se pretende erradicar esta práctica muy común en todo el país y que ha provocado secuestros y “levantones” de ciudadanos, subrayó.

De acuerdo con la modificación aprobada, se impondrá pena de cuatro a 10 años de prisión y multa de 500 a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a quien sin autorización conozca, copie o utilice información contenida en cualquier sistema de almacenamiento informático.

Si el responsable es servidor público de alguna institución de seguridad pública, refiere el dictamen, se impondrá además la destitución e inhabilitación para desempeñarse en otro empleo o cargo público hasta por 10 años.