México.- Con la aprobación de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, es obligatoria la coordinación de los tres niveles de gobierno y ningún estado ni municipio podrá diseñar acciones que no sean reguladas o acordes con los criterios nacionales.

Con dicha norma, que entraría en vigor el 1 de enero, el Estado contará con herramientas de coordinación, con criterios uniformes que permitan fortalecer a las instituciones de seguridad y procuración de justicia y el diseño de políticas públicas en la materia.

La ley aprobada este jueves por la Cámara de Diputados y turnada al Poder Ejecutivo para que la promulgue permite una comunicación permanente y deliberativa a través de las conferencias de secretarios de seguridad pública, procuradores, jefes municipales de seguridad pública y de los sistemas penitenciarios.

Luego de que esta ley fue aprobada en el Senado de la República, el pasado 9 de diciembre, los representantes de las diversas fracciones legislativas coincidieron en que aún no está acabada, que existen deficiencias y que se requieren mayores avances.

El senador Tomás Torres, del PRD, y Jesús Murillo Karam, del PRI, reconocieron que de detenerse el Poder Legislativo para analizar y corregir esa ley retrasaría su entrada en vigor, por lo que todas las fracciones senatoriales acordaron corregirla a la brevedad.

Los legisladores consideraron que “sería mayor el daño” si se pospusiera la entrada en vigor de la ley, pues se estaría retrasando la dotación de herramientas jurídicas al Ejecutivo federal para que actúe con políticas públicas definidas y estrategias claras contra la delincuencia organizada.

El articulado de esta ley define la estructura del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será encabezado por el Presidente de la República.

También formarán parte los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Seguridad Pública, así como el procurador general de la República, los gobernadores, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, y un secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por otro lado, se crean organismos de control y se establece un Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza, que deberá ser acreditado y actualizado para cada uno de los miembros de las corporaciones policiacas y el personal de procuración de justicia. Sigue

Obliga nueva ley. dos. justicia

Para ello se contará con un Centro Nacional de Certificación y Acreditación a nivel nacional y los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones Procuración de Justicia e Instituciones Policiales de la Federación.

Estas estructuras tendrán su pares en las entidades y su funcionamiento será reglamentado por el Poder Ejecutivo; cuando un elemento presente factores de riesgo que interfieran en sus funciones deberá ser vigilado para evitar actos de corrupción.

Con la aplicación de la nueva ley, se elaborarán perfiles médicos, éticos y de personalidad de cada servidor con la información de estos organismos de control y todos los registros que surjan de estos procedimientos serán confidenciales.

Será obligatoria la coordinación de las corporaciones y de no cumplirse con lo establecido en la ley, los responsables podrán ser sancionados hasta con cárcel, pues este ordenamiento creó un tipo penal que es el delito contra el funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública.

El ordenamiento también sanciona con cárcel al servidor que dolosamente se abstenga de entregar información requerida por ley al secretario ejecutivo del Sistema Nacional y se castigará hasta con ocho años de prisión a quien de forma ilícita obtenga datos oficiales y los proporcione a personas no autorizadas.

A través de la Plataforma México, las corporaciones policiacas deberán actualizar cada día registros policiales y delincuenciales, por lo que todo policía de los tres niveles de gobierno deberá estar inscrito en un Informe Policial Homologado.

Asimismo establece que cada detención que haga la policía deberá estar acompañada de un registro con los generales y motivos del aseguramiento, el lugar y ante cuál autoridad fue remitido, y cuando el detenido sea liberado por resultar inocente su registro deberá destruirse.

A fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos, toda identificación del personal de las Instituciones de Seguridad Pública deberá contener nombre, cargo, fotografía, huella digital y clave de inscripción del Registro Nacional de Seguridad Pública.