México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Procuraduría General de la República (PGR) por las deficiencias en las indagatorias para determinar las causas de la explosión en la mina Pasta de Conchos.

En un comunicado la CNDH consideró que del análisis lógico jurídico del caso existen violaciones a los derechos fundamentales de acceso a la legalidad y a la seguridad jurídica contra los mineros que fallecieron en el incidente y de sus familiares.

También, indicó, hay otras violaciones a derechos humanos por el ejercicio indebido de la función pública y la deficiente integración de averiguación previa atribuibles a servidores de la Procuraduría General de la República.

En su recomendación, el órgano solicitó al titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, continuar la averiguación hasta su completa determinación, por lo que solicita que sea extraída de la reserva.

Precisó que las faltas por las que emite la recomendación son atribuibles a los agentes del Ministerio Público Investigador de la Federación adscritos a la zona carbonífera de la localidad.

También figuran empleados de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparos en Coahuila.

Además se incluye a los funcionarios de la Mesa 12 de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, que ignoraron la petición de peritos de la PGR para que participaran expertos en minería en las investigaciones .

Asimismo es violatoria de garantías fundamentales la conducta del director de Servicios Periciales en la PGR, quien no dio contestación a una petición realizada con esa finalidad aun cuando era su obligación atender los requerimientos del representante social.

Señaló que el agente del Ministerio Público también omitió pronunciarse de manera fundada y motivada sobre la solicitud de los peritos de la PGR para que intervinieran expertos en minería a efecto de contar con más evidencias sobre las causas de la explosión.

Al desatender la petición, subrayó, el representante social incurrió en responsabilidad administrativa, al faltar a su obligación de determinar cuáles diligencias practicar para llegar a la verdad, y en caso de no ordenarlas debió fundar y motivar sus razones.

La CNDH especificó que al no practicar las diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito, los perjuicios causados y la reparación del daño los funcionarios violan derechos fundamentales al incumplir sus obligaciones que les fija la ley.

Por ello, la CNDH solicitó a la PGR que gire instrucciones a fin de que se extraiga de la reserva la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007 y se realicen los dictámenes periciales solicitados por los peritos oficiales de la dependencia.

Además se practiquen las diligencias que se requieran a fin de perfeccionar la indagatoria de referencia y, en su oportunidad, se determine lo que conforme a derecho corresponda.

Asimismo, se dé vista de la recomendación al titular del órgano de Control Interno de la dependencia, para que inicie el proceso administrativo de responsabilidad a los servidores públicos que intervinieron desde su inicio en la integración de la averiguación.