Tuxtla.- El director general de Diconsa, Juan Manuel Valle Pereña dio a conocer hoy que investigan al menos a ocho personas involucradas en un quebranto por 15 millones de pesos en el almacén distribuidor para 147 tiendas de Tapachula, donde por ahora un grupo de campesinos la mantienen bloqueada y que podrían ser desalojados en las próximas horas.

Tras una reunión con el secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, a quien le informó de la situación que priva en ese almacén de Diconsa, Valle Pereña sostuvo una conferencia de prensa en la que dio a conocer que por más de 12 años estuvo al frente de ese almacén una persona de nombre Natividad Sántiz, vinculada a organizaciones sociales.

Natividad Sántiz, coludida con la jefa del almacén, Nery Enedith Mérida, y seis personas más, mantuvieron durante muchos años como un “negocio particular” la compra y distribución de productos Diconsa en ese almacén de Tapachula.

Cuando el órgano de control interno intentó ingresar para auditar a los responsables de esa unidad operativa, los propios responsables impidieron el ingreso del personal que pretendía hacer un inventario. Pero al lograrlo, encontraron una serie de irregularidades como el hecho de que compraran productos en Guatemala para ser distribuidos en las tiendas rurales.Además de los faltantes, se encontró mercancía que no debía de estar en el almacén y mucho menos en las tiendas rurales, pero que era ya un negocio de los administradores de esa unidad operativa.

Uno de estos productos era incaparina, una mezcla de harina de maíz y harina de soya, que era etiquetada como un producto de Diconsa.

Las investigaciones arrojaron que mucho del maíz que se vendía en ese almacén era llevado a la línea fronteriza donde se pasaba en balsas hacia el lado guatemalteco. “Hay fotografías de ello, lo tenemos todo documentado”, dijo Valle Pereña.

Tan pronto como se tuvieron los resultados se procedió a la demanda penal que está ahora en manos de la Procuraduría General de la República (PGR). Algunos de los coludidos ya son prófugos de la justicia, pero son buscados para que rindan cuentas por este quebranto, dijo el funcionario federal.

Ante estas investigaciones, una organización social tomó las instalaciones de Diconsa desde el 22 de noviembre pasado y han bloqueado las operaciones de ese almacén provocando desabasto en las 147 tiendas rurales.

Es por eso que pidieron apoyo al Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, para privilegiar el diálogo antes que el uso de la fuerza pública.

Indicó que de persistir ese bloqueo, los daños podrían ser cuantiosos por las cientos de toneladas de maíz ahí almacenadas que deben ser distribuidas a las tiendas rurales antes que se echen a perder.

En Chiapas se cuenta con 2 mil 75 tiendas rurales, de las más de 27 mil que hay en todo el país, así como 24 almacenes rurales, donde hay más de 360 vehículos distribuidores.

De acuerdo con información del funcionario federal, las ventas de Disconsa oscilan en mil 420 millones de pesos al año en la entidad, lo que representa el 10 por ciento de las ventas a nivel nacional.

En conferencia de prensa también estuvieron Ariel Coutiño, general regional de Diconsa en el Sureste, y Luis Alberto Molina Ríos, Subgerente de la UInidad Operativa de Tuxtla.

LF