Ciudad de México.- El juez décimo de distrito con sede en Hermosillo, Sonora impuso una condena de seis meses de prisión y 30 días de multa a Roberto Francisco Ávila Quiroga, exdirector de Auditoría Fiscal del SAT en esa entidad y presunto operador del exgobernador panista Guillermo Padrés.

No obstante Roberto Ávila, quien fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 de Villa Aldama en Veracruz, puede obtener su libertad bajo fianza en cualquier momento.

El exfuncionario colaboró como operador intelectual en la defraudación del fisco federal con más de mil 700 millones de pesos, mediante la condonación de impuestos a 574 contribuyentes, acción con la que se benefició a colaboradores, socios y cómplices de Padrés Elías.

La Procuraduría General de la República (PGR) indicó, en un comunicado, que el juez décimo de distrito encontró los elementos suficientes para declarar culpable a Ávila Quiroga por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

La PGR señaló que el juzgador determinó penalmente responsable a Roberto Ávila Quiroga en la comisión de actos de corrupción, condenándolo a una pena de seis meses de prisión ordinaria y 30 días de multa, además de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.

Pese a la resolución del juez, las investigaciones por parte del agente del MP especializado, junto a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, continúan con la fiscalización de impuestos a las empresas que se vieron beneficiadas con auditorías a modo.

Entre aquéllos destaca el rancho Pozo Nuevo, propiedad de la familia de Guillermo Padrés, misma que conformó una sociedad rural que adeudaba 15 millones 108 mil 348 pesos por impuestos federales, de los que sólo pagó 119 mil 970 pesos.

La exención de pagos causaron un daño patrimonial al erario estatal y federal superior a mil 700 millones de pesos, acción que benefició a 574 contribuyentes, según la causa penal 61/2016 llevada en el Juzgado Decimosegundo de Distrito.

Debe destacarse que Roberto Ávila fue detenido el 4 de agosto pasado por agentes de la Policía Federal Ministerial.