Ciudad de México.- Un equipo de investigadores internacionales que llegó a México para indagar una de las peores atrocidades de derechos humanos en el país fue blanco de una tecnología sofisticada de espionaje que fue vendida al gobierno mexicano para vigilar a criminales y terroristas.

El espionaje forma parte de lo que los investigadores califican como una campaña de acoso e interferencia que, acusan, obstaculizó sus indagatorias sobre el caso de 43 estudiantes que desaparecieron tras enfrentamientos con la policía en septiembre de 2014 y cuyos cuerpos fueron presuntamente incinerados.

Los investigadores, que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicen que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo.

Ahora hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje.

De acuerdo con un análisis independiente, el principal enlace del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía un programa espía llamado Pegasus, un arma cibernética que el gobierno mexicano compró por decenas de millones de dólares. Ese teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México.

Además, los miembros del GIEI que indagaban la desaparición de los 43 estudiantes normalistas dicen que recibieron mensajes SMS idénticos en sus teléfonos propios, que los incentivaban a darle clic a un enlace que, de manera secreta, convierte al celular en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono. Incluso los mensajes encriptados que lleguen a o sean enviados desde el teléfono se vuelven inservibles ya que el software ha sido descargado inadvertidamente.

El esfuerzo para espiar a funcionarios internacionales es la revelación más reciente de una ofensiva espía en México, donde algunos de los principales periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción y antiobesidad han sido afectados por la misma tecnología, Pegasus.

No obstante, la nueva evidencia comprueba que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en casa: al tener como blanco a los miembros del GIEI, afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del presidente Enrique Peña Nieto.

Según las leyes mexicanas, la vigilancia solo puede ser realizada con el aval de un juez federal y únicamente cuando el gobierno tiene causales bien justificados. Sin embargo, la inmunidad diplomática del GIEI implica que sería muy improbable que algún juez federal hubiera firmado una orden para espiarlos, de acuerdo con los integrantes del grupo.

“No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad”, dijo Francisco Cox, abogado chileno y uno de los integrantes del grupo. “No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto”.

“Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, añadió Cox.

Desde 2011, México ha gastado por lo menos 80 millones de dólares en el programa espía, que se comercializa de manera exclusiva a gobiernos y con la condición de que sea utilizado solo contra delincuentes y terroristas. Pero una investigación hecha por The New York Times y analistas forenses determinaron que el software ha sido empleado contra académicos, abogados, periodistas y sus familiares, incluido un adolescente.

El gobierno ha negado ser responsable del espionaje, al afirmar que no hay huellas que dejen saber exactamente quién intervino un teléfono con Pegasus. Aunque ha prometido una investigación a fondo; la Procuraduría General de la República anunció que solicitará apoyo al FBI y a las Naciones Unidas para su labores.

Sin embargo, Roberta Jacobson, la embajadora estadounidense en México, dijo que ese apoyo no ha sido oficialmente solicitado y que no están involucrados en la investigación. Legisladores de la oposición y funcionarios internacionales han pedido que haya una investigación independiente al acusar que México no es capaz de indagarse a sí mismo.