Ciudad de México.- Jorge Alberto Méndez Guillén, hijo de la Diputada Federal del PRI, Mercedes del Carmen Guillén, fue cesado de la delegación de Profeco, luego de asumir el cargo pese a estar inhabilitado para recibir nombramientos por la Función Pública.

Méndez tomó posesión el 8 de agosto y el 16 fue removido del mismo y llamado para aclarar su situación en la Ciudad de México.

Alejandro Martínez Castañón, a quien relevó en el cargo, volvió a ser el titular la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en la Entidad.

“Ayer (miércoles) recibí una notificación por parte del licenciado Jonathan García Campuzano, el titular de la dirección general de delegaciones en la que me instruía para reincorporarme, reinstalarme en la delegación. Desde el día de ayer estamos al frente de la institución”, indicó.

Sobre la salida del ex funcionario federal, precisó que fue debido a estar inhabilitado para asumir un cargo.

“Estoy enterado que se dieron situaciones derivado de una inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública relacionadas a una sanción, a un ilícito por negligencia administrativa, desconozco las razones por las cuales la Función Pública haya dictaminado esa sanción”, subrayó.

Martínez dijo que regresa como encargado del despacho de Profeco a la espera de que se ratifique su nombramiento.

Pese a la sanción por la que fue echado de la Profeco, Méndez ocupó en los últimos el cargo de Subsecretario de Turismo en los últimos dos años de la administración del ex Gobernador Egidio Torre Cantú.

Al renunciar a esa Subsecretaría se incorporó en un área de la campaña del ex candidato a Gobernador del PRI, Baltazar Hinojosa Ochoa.

En octubre de 2016 ocupó un cargo en el Ayuntamiento de Tampico, que preside la Alcaldesa Magdalena Peraza.

Niega delegado responsabilidad del Gobierno federal

El delegado de la Segob, Rabindranath Juárez, deslindó de alguna responsabilidad al Gobierno federal sobre la designación de Méndez, como delegado de Profeco, estando inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública.

Juárez dijo que esta situación es responsabilidad del ex titular de dicha dependencia.

“En el caso de las dependencias consideran la revisión de los expedientes y en su integración dentro de los requisitos se solicitó que debiera ir integrado en este sentido, pues se presenta un documento y es la forma en que se reserva la dependencia el poder continuar validando un nombramiento”, señaló.