La protección del denunciante es necesaria cuando lo que se busca es incentivar la queja ciudadana en cualquier ámbito, con el propósito de revertir los índices de impunidad en los estados del país. De otra manera, ¿quién podría advertir sobre la posible comisión de un delito, sin represalias de sus querellados?

Y habría que reflexionar sobre la complejidad de acreditar posibles hechos de corrupción como el soborno, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, o falta administrativa grave o no grave que pueda representar un acto ilegal desde el servicio público y/o la iniciativa privada. Eso, es más difícil aún.

Esta semana, integrantes de las fiscalías especializadas en delitos por hechos de corrupción e integrantes de comités y consejos de participación ciudadana de sistemas anticorrupción del noreste del país, se reunieron virtualmente y uno de los temas fue la importancia de generar mecanismos de denuncia.

Servidores públicos y consejeros anticorrupción, dialogaron sobre temas relacionados con la denuncia de actos de corrupción, la investigación y sanción, que debe ser voluntaria y libre para avisar a las autoridades de un posible delito, pero que en la mayoría de los casos se hace de manera anónima y con datos limitados o escuetos, que dificultan el sustento de lo que se señala.

A nivel federal, legisladores han propuesto figuras de protección para quienes denuncian, pero con resultados mínimos o medianamente positivos. Incluso, hace algunos años la propuesta era impulsar una suerte de “fuero ciudadano”, es decir, una esfera jurídica que garantice la protección contra represalias físicas, morales y económicas del que reporta o quien testifica sobre los hechos.

En la sesión, en la que estuvieron presidentes de los sistemas locales de Coahuila, Juan Adolfo Von Bertrab; de Tamaulipas, Isabel Loperena y de Zacatecas, Antonio Sánchez, así como el presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA) y fiscal especializado en delitos por hechos de corrupción de Coahuila, Jesús Flores Mier,

coincidieron en la necesidad de articular esfuerzos para desde los sistemas anticorrupción, generar confianza ciudadana en las instituciones y asegurar la protección del denunciante.

Aquí los integrantes de los comités y consejos ciudadanos de los sistemas anticorrupción tienen tarea por hacer, pues el disponer y poner a la vista de la ciudadanía o sectores como el empresarial, líneas de denuncia por corrupción, opciones para la presentación de quejas o reportes por medio de sitios web, plataformas o a través de aplicaciones o formatos electrónicos y que puedan ser enviadas de manera anónima, son agenda pendiente.

Figuras como los llamados informantes, alertadores o “whistlebowers” podrían prevenirse actos de corrupción o faltas administrativas en oficinas públicas, siempre y existan protocolos de protección al denunciante.