En uno de varios procesos donde la marca tóxica Moreira injiere para mantener su hegemonía en el estado y el control de instituciones que le garantice impunidad, el candidato del clan a un puesto clave renunció a su aspiración debido a la presión ciudadana.

“Por la trayectoria de Luis García Abusaid (en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, énfasis del columnista), nos parece un error y una incongruencia que se le puede considerar para ocupar el puesto de secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, ya que su pasado vinculado a personajes investigados por hechos de corrupción como Humberto Moreira y Jorge Torres López pondría en tela de juicio la credibilidad de la institución”, advirtió Participación Ciudadana 29 (PC-29) a principios de julio.

El consultor defendió su posición, pero al final claudicó: “Mi interés personal legítimo debe quedar a un lado, por el interés público que consiste en construir una institución que garantice una eficaz y eficiente lucha contra la corrupción, más allá de cuestionamientos infundados en mi contra. Desisto, a pesar de cumplir a cabalidad con los criterios establecidos por la ley y la convocatoria publicada por el Consejo de Participación Ciudadana del SEAC”. (Milenio Laguna, 30.07.20)

Una de las razones de PC-29 y de un grupo de organismos empresariales y colectivos de La Laguna y de Saltillo para impugnarlo es que debía cumplir “los más altos estándares de objetividad, transparencia y ausencia de conflicto de interés para elegir así perfiles con capacidad técnica, autónomos e independientes”.

El otro proceso electivo donde los Moreira tienen metidas las narices es el de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC en la cual, si las denuncias de acoso sexual fueran investigadas, el favorito del clan sería, al menos, inhabilitado para competir por la Dirección.

Máxime ahora que el movimiento por el feminicidio de Alondra Elizabeth Gallegos, a finales del mes pasado, es un tsunami que las autoridades, algunas ocupadas en detener la ola de contagios de Covid-19 y otras más atentas a sus agendas personales, todavía no advierten.

Hace poco escuché una versión según la cual dos exgobernadores compiten por Jurisprudencia: Eliseo Mendoza Berrueto con Raúl Garza Serna, y Rubén Moreira Valdés con Alfonso Yáñez Arreola. La primera cae por su propio peso: Mendoza, cuya Administración terminó hace casi 28 años, está retirado de la política. La segunda es irrefutable: Moreira, jefe y patrocinador de Yáñez, desea expandir su cacicazgo. En ese escenario me alinean a los primeros, por ser su amigo.

A propósito de desvaríos, recuerdo que en una cena en Monclova, la víspera de la toma de posesión de Rogelio Montemayor, el alcalde interino de Saltillo dijo a voz en grito: “¡Aquí nace un grupo político!”. Mendoza Berrueto, hombre respetuoso, sobre todo de las formas, atajó: “¡No, aquí termina!”.

A los gobernadores los acompaña la memoria de su obra, la cual el tiempo confunde y hace borrosa, y la sociedad los juzga por sus actos. Humberto Moreira es recordado por su frivolidad y por la megadeuda; y Rubén, por su insania y por las empresas fantasma a las cuales distrajo 680 millones de pesos en solo cuatro años, de acuerdo con la investigación Frontera de Papel: Desvío de Empresas Fantasma en el Norte de México, del Border Hub.

Jurisprudencia merece un director decente, no un acólito del clan, causante del envilecimiento político y de la crisis financiera de la cual Coahuila tardará en salir no menos de 30 años. Los universitarios pueden conseguir en las urnas lo que Participación Ciudadana 29 logró a través de la denuncia: restarle espacios y poder al moreirato.